Una ola de incendios sin precedentes obliga a replantear la lucha contra el fuego
El verano de 2025, con la peor oleada de fuegos registrada en la historia de León, ha puesto a la gestión forestal en el centro del debate público y ha evidenciado la necesidad de priorizar la prevención y el operativo para afrontar un fenómeno de largo recorrdio
El incendio de las Médulas abrió a principios de agosto la peor ola de incendios den la historia de la provincia.
La política forestal y de incendios se ha convertido en uno de los grandes asuntos pendientes —y más incómodos— para la Junta de Castilla y León.
El verano de 2025 marcó un antes y un después en la gestión forestal. Más de 165.000 hectáreas ardieron en toda la comunidad, de las cuales más de 130.000 lo hicieron en la provincia de León, en la que se considera la peor oleada de incendios forestales desde que existen registros oficiales. Lo que comenzó a principios de agosto como un incendio más, en uno de los veranos más calurosos y secos que se recuerdan, derivó en una sucesión de fuegos simultáneos e incontrolados que arrasaron más de medio centenar de municipios, obligaron al desalojo de más de 10.000 personas y se cobraron cuatro vidas humanas. Una tragedia ambiental, pero también profundamente humana, que dejó una huella imborrable en el paisaje y en la memoria colectiva de la provincia.
Esta simultaneidad de grandes fuegos, y la incotrolable virulencia de sus llamas, llevó directamente al colapso del operativo autonómico de prevención y extinción, evidenciando las limitaciones del modelo actual y reabriendo un debate que ya no puede posponerse, y que evidencia el fracaso de un sistema que no está preparado para el nuevo contexto climático.
El modelo defendido por la Junta de Castilla y León, en las distintas comparecencias ofrecidas en las Cortes para responder por su cuestionada gestión tras los incendios, demostró ser insuficiente. Con un sistema mayormente privatizado, y con una demostrada precariedad laboral, con salarios bajos y jornadas en ocasiones interminable, el resultado era un operativo tensionado, vulnerable y con escasa capacidad de respuesta ante la emergencia climática.
El acuerdo del Diálogo Social de septiembre de 2022 para la mejora del operativo, y cuyo horizonte estaba fijado en 2025, supuso avances reales en estabilidad y condiciones laborales, tanto en la parte pública como en la privada. Sin embargo, esas mejoras no se tradujeron en un fortalecimiento efectivo del operativo ni en una ampliación real de su capacidad de actuación. Sin embargo sí se logró un importante avance en las condiciones laborales de los 837 trabajadores del operativo, que en diciembre de 2025 pasaron a ser personal fijo, tras la aprobación de esta modificación en Consejo de Gobierno, que supone una mayor estabilidad para este colectivo, así como una mayor planificación de las campañas y la profesionalización del sistema.
De cara a las elecciones del 15 de marzo, Castilla y León se enfrenta a la necesidad de llevar a cabo un cambio estructural alineado con las recomendaciones estatales y europeas frente a la emergencia climática. Un giro necesario para proteger el patrimonio natural, mejorar la seguridad de la ciudadanía y dignificar el trabajo de quienes defienden los montes. Tras el verano de 2025, especialmente en León, ya no se discute si hay que cambiar el modelo, sino si la voluntad política estará a la altura de una tragedia que no puede repetirse.
No hay que olvidar que la gestión de los montes en Castilla y León constituye un pilar estratégico para la Comunidad, que cuenta con la mayor superficie forestal de España con cerca de 5,13 millones de hectáreas, el 54,5 % de su territorio. Esta realidad sitúa a la Junta de Castilla y León ante el reto de compatibilizar la conservación ambiental con el aprovechamiento económico y la prevención de riesgos en un contexto marcado por el cambio climático y la despoblación rural.
La política forestal autonómica debe pasar por una gestión activa de los montes como base para mejorar su valor ambiental y económico. La ordenación forestal y la certificación sostenible son elementos clave de esta estrategia: más de 67.000 hectáreas de montes públicos cuentan ya con certificación FSC, lo que garantiza prácticas responsables y facilita el acceso a mercados que demandan productos forestales sostenibles. Al mismo tiempo, se impulsa el asociacionismo forestal como herramienta para mejorar la gestión de los montes privados, muy fragmentados en la Comunidad.
De cara al futuro, los principales desafíos pasan por incrementar la rentabilidad de los montes mediante una bioeconomía forestal activa, basada en la valorización de la madera, la resina, el piñón y la biomasa; reforzar el papel del monte como motor de fijación de población en el medio rural.
Otra de las asignaturas pendientes en materia de protección ambiental, es la concrección de herramientas para la gestión de sus espacios naturales. Depués de que a finales del año pasado, Castilla y León, Asturias y Cantabria lograran por fin sacar adelante el Plan Rector de Uso y Gersión (Prug) del Parque Nacional de Picos de Europa, después de más de veinte años en el «cajón», queda por dar forma a las normas del Parque Regional de la Montaña de Riaño y Mampodre, y del Parque Natural de Babia y Luna, dos espacios de altísimo valor ecológico y patrimonial que demandan desde hace décadas un órgano de gestión que ayude a compatibilizar la protección del medio de sus recursos con la actividad humana, y sobre todo a la creciente demanda turística.