Dos sentencias vuelven a obligar a la Junta a pagar tratamientos de hormona de crecimiento
La asociación El Defensor del Paciente ha reclamado este miércoles a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León que deje de obligar a las familias a recurrir a la Justicia para conseguir que sean financiados los tratamientos con hormona de crecimiento, después de dos nuevas sentencias en este sentido.
En un comunicado, esta entidad ha detallado que sendas sentencias de febrero y marzo pasados han condenado a la Junta de Castilla y León a tener que abonar algo más de 33.000 euros y casi 21.000 euros a dos familias que reclamaron financiación pública para este tratamiento ante los juzgados, lo que ha ratificado la Sala de lo Social el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ha desestimado los recursos de Sacyl.
Ambas resoluciones ya habían sido favorables en primera instancia por los Juzgados de lo Social nº1 y nº3 de Valladolid, que reconocieron que los menores afectados presentaban desde su nacimiento trastornos del crecimiento, situándose por debajo de los percentiles normales de peso y talla.
Pese a que el tratamiento fue solicitado por facultativos del sistema público, este fue denegado por el Comité Asesor encargado de autorizar su financiación, ha recordado la asociación en su comunicado.
Ante esta negativa, las familias iniciaron el tratamiento en el ámbito privado y adelantaron el pago de los mismos de forma íntegra, pero recurrieron a la Justicia para reclamar este pago.
En sus argumentos jurídicos, el TSJCyL concluye que el tratamiento prescrito no estaba excluido de la financiación pública y que respondía a criterios de uso racional, por lo que debía ser cubierto por el sistema público de salud.
Además, plantea que corresponde a los facultativos determinar la necesidad de los tratamientos, sin que la falta de autorización de un comité administrativo pueda prevalecer cuando concurren criterios clínicos adecuados.
"No solo se deniega un tratamiento médicamente necesario para menores en pleno desarrollo, sino que además se fuerza a sus familias a litigar durante años, incluso hasta instancias superiores, a pesar de existir ya una doctrina judicial clara y consolidada en favor de los pacientes", ha criticado la asociación.