Hubo 5.308 cambios de féretros en el caso ataúdes

Un policía que ha declarado este martes como perito en el juicio del conocido como caso ataúdes ha certificado que se dieron 5.308 cambios de féretros y 793 de flores tal y como quedó reflejado en libretas y anotaciones que dejó escritas un trabajador de la funeraria ya fallecido. El perito ha mantenido así la versión de ese trabajador, Justo M., quien fue juzgado por extorsionar al dueño del grupo funerario El Salvador con revelar los cambios de los féretros con las imágenes y anotaciones que había ido recabando a lo largo del tiempo. El inspector de policía ha comparecido en el juicio que se celebra contra veintitrés personas acusadas de retirar féretros a los difuntos justo antes de su cremación, para llevarlos de nuevo al tanatorio y ponerlos otra vez a la venta en el grupo funerario El Salvador. Ha sostenido que la investigación, la documentación, las fotografías y otras pruebas recabadas demuestran que existió el fraude con los féretros y ha asegurado que no pudo cometerlo una sola persona. «Se necesitan dos, tres o más personas» para mover un cadáver, ha recalcado el policía, quien además ha calificado de «ingobernable» la posibilidad de trasladar un cuerpo dentro de un sudario y ha argumentado además que un empleado de la funeraria ya declaró en su día que se requería tres personas para hacerlo. El modus operandi empleado para cometer los delitos, que ha calificado de continuados, incluía sacar al difunto de su ataúd, trasladarlo en coche desde el tanatorio en el que se llevaba a cabo el velatorio al cementerio de Santovenia de Pisuerga (Valladolid), y tener a personas que impidieran ver la incineración o cerrasen las cortinas para que la familia no lo viera. El policía participó en los registros que se llevaron a cabo el 31 de enero de 2019, entre ellos el de la casa de Justo M., quien trabajaba en el cementerio de Santovenia, donde los agentes hallaron veintiséis libretas con datos desde 1995 hasta 2015 y archivadores de 2013 a 2015, además de fotografías y carretes sin revelar. Las anotaciones indicaban los féretros que habían sido sustraídos o no, ponía el nombre de cada fallecido y debajo la identificación de un familiar, además de incluir sustracciones de flores. Del análisis de las libretas se concluyó la existencia de 5.308 cambios de cajas y 793 de flores, con registros fotográficos, a los que se añaden los apuntes de los archivadores encontrados en la casa de Justo M.. El material examinado, que también abarcó USBs, además dio como resultado que la responsabilidad de lo ocurrido radicaba en el dueño del grupo funerario, ya fallecido, y de sus hijos — procesados en la causa —, los únicos beneficiarios económicamente de estas prácticas y, aunque los trabajadores participaban, no cobraban por hacerlo. «Todo se correspondía» en la investigación con lo que decía Justo M., ha remarcado el perito, quien ha citado la toma de declaraciones de familiares de los finados, las fotos recopiladas, y la comparación de los partes de defunción y las incineraciones que se debían haber hecho en el tanatorio pero que se comprobó, por las fotos, que se habían realizado en el cementerio y en un féretro que no era el suyo. Los familiares creyeron que presenciaban la cremación en el tanatorio pero, cuando acababa el sepelio, algunos de ellos solo veían iniciarse el proceso en la sala de cremación, los operarios no se lo dejaban ver o los allegados veían meter el ataúd al horno pero luego cerraban las cortinas — se supone que sacaban el cadáver para trasladarlo al cementerio e incinerarlo allí — , ha expuesto. El juicio continuará el próximo lunes con la declaración de más peritos. Las penas más duras que registra el fiscal son para la mujer del empresario fallecido, María del Rosario V.L., y también para sus hijos.

Sacaban al difunto de su ataúd, lo trasladaban al cementerio y allí impedían ver la incineración