El PP avisa a Vox: «Cumpliremos la ley, no queremos que se excluya a nigún ciudadano»

El portavoz de la Junta y consejero en funciones de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, garantizó ayer que PP y Vox formarán un gobierno de coalición «para todos», que además cumplirá «siempre» la ley en sus actuaciones. «No queremos que se excluya a ningún ciudadano», dijo quien ha sido negociador del Partido Popular para, además, remarcar que las medidas están dirigidas a las personas que se encuentren «en condiciones de legalidad».

En la comparecencia posterior al Consejero de Gobierno, que se celebra un día después de la firma del acuerdo de gobierno entre PP y Vox, que incorpora en sus 324 medidas el concepto de la prioridad nacional, vinculada al arraigo «real», «verificable» y «perdurable», Fernández Carriedo envió un mensaje de «tranquilidad» porque aseguró cada medida vinculada a esta cuestión, como las ayudas sociales o de vivienda, llevará como «salvaguarda» un informe jurídico elaborado por los letrados de cada departamento.

«Todo lo que está pactado en el texto es conforme a la ley», defendió Fernández Carriedo quien destacó que el acuerdo, más allá de las críticas que puedan existir, se ajusta la legalidad vigente, como recoge en sus antecedentes, en los que recordó alude al principio de «libertad», «igualdad real», así como al «progreso» y la «unidad de España». Todo ello, añadió, guiará la acción del futuro ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco.

De esta forma, reiteró en varias ocasiones, a preguntas de los periodistas, que el acuerdo velará por el «cumplimiento» de la legislación y que el nuevo Gobierno de coalición actuará «conforme» a las «previsiones» recogidas en los diferentes marcos normativos. Así, explicó que la prioridad nacional se aplicará «conforme a la ley» puesto que cualquier convocatoria lleva aparejados informes jurídicos, lo que garantiza el cumplimiento de la legislación vigente.

El objetivo, aclaró Fernández Carriedo, es apoyar un «arraigo de los ciudadanos en la Comunidad, real, verificable y duradero» y, puso como ejemplo, la nueva línea de ayudas de entre 900 y 1.800 euros para la obtención del carnet de conducir por parte de jóvenes que demuestren una residencia de al menos cinco años. Esta «filosofía», agregó, se aplicará también en otras ayudas para el acceso a la vivienda o las sociales.

El consejero portavoz sostuvo que el pacto recoge «principios básicos» de los derechos humanos para las personas que residan de forma «legal» en la Comunidad. Por tanto, aclaró que la ayuda humanitaria está garantizada porque se enmarca dentro de los «supuestos de urgencia vital», a los que alude el acuerdo sellado con Vox, y agregó que se irá viendo «caso a caso» como se aplica este precepto, si bien apuntó que la Junta quiere «apoyar» a todas las personas que vengan de forma «ordenada», «legal» y a contribuir a la sociedad.

El portavoz en funciones ha señalado que el objetivo es garantizar a todas las personas que están en condiciones de legalidad y ha recordado que el Consejo Económico y Social ha señalado la necesidad de tener más población para contribuir al crecimiento económico. Por ello, ha apostado por centrarse en las personas inmigrantes en situación legal que trabajan y por luchar contra "cualquier procedimiento ilegal y contra las mafias de tráfico de personas".

Sobre las ayudas a las ONG»s que puedan ser acusadas de favorecer una inmigración irregular, Fernández Carriedo manifestó que es una «misión» de cualquier administración «luchar» contra un comportamiento «ilegal», que pueda constituir un delito como el de tráfico de personas. Por ello, justificó que no colaboren con entidades que actúen de forma contraria a la legislación, si bien apostilló que no conocía «ninguna» que lo hiciera. «Las ONG conocen la ley y saben cumplirla. Las que lo hagan pueden tener la total seguridad y garantía de que vamos a contar con su opinión», afirmó.

Otro de los aspectos sobre los que el consejero portavoz se pronunció fue la acogida de menores migrantes no acompañados (menas) y la realización de pruebas que permitan verificar su edad. Sobre ello, asumió que la Junta no tiene competencias en materia de justifica, si bien insistió en que eso no impide poder «colaborar», «informar» o «estar a disposición» de la propia Administración de Justicia para «impulsar» o «iniciar» alguna actividad «Estamos hablando de cumplir la ley», dijo para añadir que a nadie le debe dar «miedo» el acceso a la información pública, porque es la mejor forma de combatir la «desinformación».

El consejero portavoz subrayó que «el resultado ha merecido la pena» porque PP y Vox han firmado un acuerdo «amplio» y con «detalle», puesto que apuntó especifica medidas «muy concretas» y «entra en los números», poniendo plazos de cumplimiento a muchas de ellas, lo que supone también un «estímulo». «Es un trabajo que ha exigido un esfuerzo por parte de muchas personas», agregó quien ha sido uno de los negociadores del pacto, que supera los 60 folios y que vio la luz 80 días después de las últimas elecciones.

En su opinión, obedece a lo que los ciudadanos «mandataron» en las urnas el pasado 15 de marzo para que PP y Vox llegaran a un acuerdo que ofreciera «estabilidad» los próximos cuatro años, «confianza» y «seguridad», ya que ambos suman 47 procuradores en las Cortes, una mayoría absoluta «muy amplia».

Respecto al contenido, más allá de los capítulos referidos a inmigración, Fernández Carriedo destacó que el pacto incide en la rebaja de impuestos para aminorar las «cargas tributarias» que suportan los ciudadanos, así como en la vivienda, la sanidad, la educación. Además, aseveró que apuesta por la promoción de la actividad económica y la generación de empleo y sitúa como objetivos básicos las personas mayores, las familias y los jóvenes. «Ofrecemos garantías y tranquilidad al conjunto de los ciudadanos», concluyó.

Carriedo dijo además que la inclusión en la nueva Vicepresidencia Segunda de competencias como vivienda, ordenación del territorio, igualdad de oportunidades, despoblación y protección civil, pese a no tener una consejería propia, es una elevación del rango de estos temas.

El portavoz en funciones de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, justificó ayer la exclusión de la reforma y actualización de la ley autonómica de violencia de género del acuerdo alcanzado ayer con Vox porque se trata de una cuestión de «mucha importancia» que «va más allá del pacto entre partidos».

«Vamos a intentar conseguir la unanimidad de todos los partidos con representación parlamentaria», aseguró Carriedo.

En el documento PP-Vox no aparece la reforma y actualización de la ley autonómica de violencia de género pero que, aunque no la contenga, «no se excluye del mismo», según Carriedo, porque «va más allá del pacto entre partidos» con el objetivo de lograr «un acuerdo más amplio y con la unanimidad de las Cortes».

Carriedo defendió ayer en rueda de prensa la «mucha importancia» de esta cuestión para el Gobierno autonómico y subrayó, a continuación, que «siempre» pensaron en que«la vía más adecuada para avanzar es el diálogo y la búsqueda de consenso y acuerdo».