Los psiquiatras tachan de contradictoria la ley de ingresos involuntarios

La entrada en vigor mañana de la Ley 4/2026, de 1 de octubre, que restringe los internamientos involuntarios por motivo de discapacidad o situaciones de urgencia vital ha generado un «gran malestar» en la mayoría de los profesionales de la psiquiatría, ya que «genera inseguridad jurídica» y podía impedir la hospitalización de pacientes que precisan tratamiento.

"En todos los servicios de psiquiatría se hace. En toda Europa está regulado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hay una ley orgánica en España que lo regula y tiene un control judicial de tal manera que, cuando se ingresa a alguien en contra de su voluntad, en el plazo de 24 horas se comunica a la autoridad judicial que, a su vez, tiene 72 horas para supervisar lo que está pasando», según expuso el psiquiatra y profesor titular de Psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid, vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal y secretario de la Sociedad Española de Psiquiatría Clínica, Alfredo Calcedo.

"En la Ley 4/2026 esta ley han metido cambios. Todo ha sido debido a un batiburrillo de enmiendas que se ha producido. La Ley se tramitó en tres meses ha salido como un auténtico pastiche de enmiendas, muchas de ellas, inconexas y que entran en contradicción», advirtió.

El doctor Calcedo incidió en que los profesionales de la Psiquiatría están «muy molestos» con la situación creada ya que, según la reforma, «no se puede ingresar a una persona si no está en riesgo vital» porque «deja en una situación de inseguridad jurídica» a los profesionales.

"El conjunto de sociedades de Psiquiatría, excepto una de inspiración progresista, nos oponemos a esta ley. Si encontramos a una persona con un episodio maníaco con trastorno bipolar que derrocha su patrimonio, no podemos hacer nada porque peligra su patrimonio, no su vida», afirmó, pidiendo al legislador coherencia.