Asfixiados por los impuestos
Las empresas de la CyL denuncian la «fuerte presión fiscal» que sufren. El tipo efectivo sobre beneficios en Sociedades es del 20,9% frente al 13,1% de España
Los empresarios de Castilla y León denuncian la «fuerte presión fiscal» que sufren, lo que queda reflejado en que abonaron al Impuesto de Sociedades en 2024, un tipo efectivo sobre sus beneficios del 20,9 por ciento, frente al 13,1 por ciento de la media nacional.
Los datos están reflejados en el último informe sobre este gravamen publicado por la Agencia Tributaria, donde se constata que el tejido productivo de la Comunidad, pagó 1.107,4 millones de euros ese año a la Hacienda Pública en Sociedades, un 9,8 por ciento más que el ejercicio anterior, aunque sus beneficios crecieron un 14,1 por ciento, hasta los 5.294,97 millones.
La base impositiva en Sociedades subió en la Comunidad el año de estudio un 8,3 por ciento, hasta los 4.837,56 millones, lo que supone un tipo efectivo sobre esa cifra del 22,9 por ciento, también por encima de la media de las autonomías del 21,7 por ciento.
Castilla y León contabilizó ese ejercicio 71.863 empresas que abonaron Sociedades, un 0,7 por ciento más que en 2023, de las que 30.775 tuvieron una cuota líquida positiva, un 5,1 por ciento más. Estas actividades tuvieron una cifra de negocio de 84.210,98 millones de euros, que suponen un aumento del 3,6 por ciento.
CEOE Castilla y León valoró el hecho de que las compañías hayan ganado de media un 14 por ciento más el año del informe, porque sin beneficio, no se puede seguir invirtiendo y creando empleo. Sin embargo, constató que el notable aumento de la aportación a la Hacienda Pública, pone de relieve «la fuerte presión fiscal en la que está inmersa la actividad empresarial, cuestión que resta a las compañías competitividad y posibilidad de emplear parte de sus recursos a nuevas aplicaciones necesarias para la actividad empresarial».
Expertos de la patronal autonómica aclaran que en Castilla y León se abona un tipo efectivo sobre beneficios muy por encima de la media nacional, por la propia estructura productiva de la Comunidad, por la dimensión de las empresas, porque la inmensa mayoría son pymes. «Estas empresas de un tamaño más reducido no pueden hacer un uso tan amplio de determinados instrumentos que permiten reducir la cuota íntegra; como son por ejemplo determinadas deducciones, ciertos gastos deducibles, así como la aplicación de determinadas amortizaciones u otros ajustes fiscales», concretan.
En este contexto y teniendo en cuenta que «el tipo efectivo en España para las empresas de mayor dimensión se sitúa 6,4 puntos porcentuales por encima de la media europea», desde la CEOECyL insisten en que el próximo gobierno que salga de las urnas el 29 de noviembre, debe reducir el tipo impositivo, aumentar el número de deducciones fiscales, simplificar su regulación y dotar de estabilidad a la misma, además de «profundizar en la regulación específica para las empresas de menor dimensión, persiguiendo por ejemplo una mayor flexibilidad para aplicar reducciones antes de obtener la cuota líquida».
En materia fiscal, las mismas fuentes dejan claro que el aumento de la recaudación tributarias «tendría que buscarse más vía reducción del gasto público improductivo y en aplicar una gestión más eficiente de los recursos; a la vez que debería producirse por un mayor crecimiento de la actividad económica, lo cual requiere también generar un entorno más atractivo para el desarrollo de la actividad empresarial, que permita a las compañías redimensionarse y a la vez aumenten la capacidad de atracción de capital inversor y de emprender nuevos proyectos».
CEOE reitera su demanda «de reducir la presión fiscal empresarial, de simplificar la normativa afecta a la fiscalidad de las empresas, que se genere un marco de estabilidad regulatorio también en esta materia, y se persiga la armonización fiscal también con los principales países europeos con los que mantenemos un mayor dinamismo comercial; además de reducir la fiscalidad energética o eliminar figuras impositivas como es el Impuesto sobre el Patrimonio reduciría —esta última— sustancialmente la tributación sobre el patrimonio, cuestión que ha hecho que ya casi todos los países europeos lo hayan suprimido».