El presidente del Ejecutivo autonómico corrobora la postura defendida por Medio Ambiente

Herrera discrepa radicalmente de la resolución de García Álvarez

El Procurador del Común apoyaba la acusación de acoso laboral de una periodista de la Junta

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Europa Press | burgos

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El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, expresó ayer la «seria discrepancia» del Gobierno autonómico con el informe que emitió el Procurador del Común, en el que entiende que existió una situación de acoso laboral con la periodista de la Consejería de Medio Ambiente Lola Prieto. Herrera consideró que «con el Procurador del Común se debe coincidir y coincidimos mucho, pero en este caso, la Junta de Castilla y León discrepa radicalmente». Una cuestión que, según indicó, no supone una situación de «desencuentro». De este modo, el presidente de la Junta apoyó ayer las declaraciones de la consejera de Medio Ambiente, Maria Jesús Ruiz, que el pasado jueves aseguró no compartir ni los términos ni las consideraciones que ha realizado el Procurador del Común en el caso de una presunta presión laboral realizada a una periodista de esta Consejería que en la actualidad se encuentra de baja. Alcance limitado «Hay que recordar que la resolución de Procurador del Común tiene el alcance que tiene y, en relación con las informaciones de estas últimas horas da la sensación de que es una sentencia firme», reprochó la titular de Medio Ambiente, quien informó de que esta persona es periodista de la Consejería de Medio Ambiente y pertenece al personal fijo con plaza en el servicio de Educación Ambiental. Ruiz añadió que esta profesional trabajó durante mucho tiempo en la Consejería de Presidencia en Comunicación y solicitó su readmisión en su plaza de Medio Ambiente donde se reincorporó el 4 de agosto de 2003. En ese momento, y según la consejera, el jefe de servicio le encomendó, de acuerdo con los convenios colectivos y las funciones de periodista, los cometidos que tiene que realizar. En su informe, el procurador del Común El Procurador del Comúnsolicita a la Junta que realice una investigación que aclare si la periodista, adscrita a la Consejería de Medio Ambiente, sufrió presión laboral al encontrarse «sin funciones propias que desempeñar».

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