El Gobierno insiste en mantener la unidad contra la reforma del azúcar

El secretario general de Agricultura, Fernando Moraleda, destacó ayer «el éxito» que España ha alcanzado con el retraso de la reforma de la OCM del azúcar, que no se producirá hasta el 2007, «lo que nos da tiempo para defender nuestra posición». Respecto a esta posición, resaltó la creación de un bloque de oposición en el seno de la UE y anunció que el Gobierno está estudiando la posibilidad de convocar una reunión en España con todos aquellos países menos desarrollados del mundo que están en contra de la liberalización total del mercado del azúcar. Moraleda, quien ayer intervino en la Asamblea General de la cooperativa Acor, -en la que en un principio fue recibido con silbidos-, afirmó que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha convertido esta materia en «una cuestión de Estado», en la que no se ha dejado aparte a las comunidades más afectadas, como es el caso de Castilla y León. En este sentido, recordó que el propio consejero de Agricultura, José Valín, asistió al Consejo de Ministros de Agricultura del pasado 22 de noviembre, en la que se logró retrasar la reforma gracias a la creación de un bloque de diez países contrarios a los postulados del hasta hace poco comisario de Agricultura de la UE, Franz Fischler. Como prioridades, el secretario general del MAPA destacó el mantenimiento de esta unidad en todas las cuestiones que conlleva la reforma, -como el traspaso de cuota entre países o la suma de la cuota A y B-, así como las negociaciones que el Gobierno está manteniendo con los países menos desarrollados sobre el contingente de importaciones de azúcar a la UE. Acor, que ayer celebró su tradicional Asamblea General en Valladolid, presentó de manera oficial a sus cerca de 10.000 socios el proyecto de construcción de una gran planta de producción de biodiesel en Olmedo. Este proyecto, pionero en Europa, supondrá una inversión inicial de 42 millones de euros y produciría al año unas 65.000 Tm de biodiesel a partir de colza y girasol. La futura planta, que podría estar en marcha en dos años, conllevará la creación de cerca de 100 empleos directos y unos 800 indirectos, aunque de ella también se beneficiarían las 2.500 ó 3.000 familias de agricultores de la comunidad que cultivarían las más de 125.000 hectáreas necesarias.