La Junta reclama un millón de metros al Gobierno para 6.000 viviendas

El consejero de Fomento, Antonio Silván, reclamó ayer al Gobierno que libere más de un millón de metros cuadrados de suelo publico de titularidad estatal en Castilla y León, para construir 6.000 viviendas protegidas. Antonio Silván compareció en el Senado para exponer a la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, la postura de Castilla y León ante los planes del Gobierno en esta materia. Silván recordó que Castilla y León tiene en marcha su Plan Director de Vivienda y Suelo para el periodo 2002-2009, que «está movilizando 4.000 millones de euros para 130.000 actuaciones que faciliten a 13.000 familias al año una vivienda digna y adecuada». En el 2004, Castilla y León superó ese compromiso en un 43,75%, beneficiando a más de 23.000 familias, según el consejero. El titular de Fomento solicitó al Gobierno un mayor dialogo al elaborar planes de vivienda que afecten a Castilla y León, a la vez que criticó que el último borrador presentado por el Ministerio de Vivienda no contó con la participación de las comunidades autónomas. Además, permite únicamente un plazo de siete días para formular alegaciones, añadió al respecto. Silván puso de manifiesto «la poca o nula operatividad» que puede tener en Castilla y León la Agencia Pública del Alquiler planeada por el Ministerio, cuando en esta comunidad funciona ya éxito la Reserva de Viviendas Vacías en Alquiler (Revival). Las comunidades gobernadas por el PP, entre ellas Castilla y León, advirtieron de la posibilidad de presentar recursos de inconstitucionalidad al Plan de Vivienda 2005-2008 y criticaron a la ministra su falta de coordinación con las comunidades. Invasión de competencias Así lo manifestaron en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado los responsables de la política de Vivienda de la Comunidad Valenciana, Rafael Blasco; de Madrid, Mariano Zabía; de Castilla y León, Antonio Silván; de Murcia, Joaquín Bascuñana; y de La Rioja, Antonino Burgos. Todos coincidieron en señalar que el citado Plan, que la ministra explicó en la Cámara Alta, invade competencias exclusivas de las comunidades autónomas y, por esta razón, los gobiernos de la Comunidad Valenciana, Madrid y Castilla y León estudian el borrador del Plan para determinar si finalmente presentan recursos de inconstitucionalidad. También protestaron por el plazo de siete días que el Ministerio ha concedido a las comunidades para que ofrezcan sus alegaciones. Asimismo, todos los consejeros del PP pidieron un aumento del plazo de alegaciones para llevar a cabo «una reflexión más profunda», que se traduzca en mayor colaboración y coordinación con el Gobierno central.