Los menores acogidos en centros podrán quedarse hasta los 21 años

Los Centros de Protección a la Infancia de Castilla y León, un total de 68 entre propios de la Junta y concertados, cuentan desde ayer con un decreto que regula su régimen de funcionamiento. Entre las novedades de esta norma, que se enmarca dentro del desarrollo de la Ley de Infancia de Castilla y León , destaca la regulación de las normas de convivencia de estos centros, el establecimiento de un sistema de estímulos y correcciones y la ampliación hasta los 21 años de la edad máxima en la que estos jóvenes pueden permanecer en los centros de acogida, siempre que así lo deseen. Según explicó la consejera de Familia, Rosa Valdeón, el objetivo de la Junta es que los menores que se encuentran en situación de tener que ser amparados por la administración autonómica puedan ser acogidos prioritariamente por una familia, ya sea la suya propia o una de acogida, aunque si esto no es posible, que tengan la posibilidad de residir en un centro de acogida donde se favorezca un clima lo más familiar posible. En este sentido, el decreto determina la necesidad de establecer un sistema de estímulos y de correcciones con objeto de reforzar las conductas positivas o, por el contrario, corregir las negativas, siempre con una función educativa y partiendo de la base del propio informe psicológico del menor, según explicó la consejera. Acogimiento residencial Actualmente, la Junta de Castilla y León cuenta con once centros de menores propios, a los que hay que sumar los 57 que gestionan entidades colaboradoras. En total, estos centros ofrecen 805 plazas de las que 583 están ocupadas. En la provincia de León el número de jóvenes que se encuentra en situación de acogida residencial se eleva hasta 119. En total, en toda Castilla y León se contabilizan 1.054 menores acogidos por la Junta, de los cuales, 522 se encuentran en acogimiento familiar, es decir en una familia ajena, en su propia familia o en situación de pre-adopción. En el caso de León, 158 menores se encuentran en este tipo de acogimiento. Según esto, en el conjunto de la comunidad hay más de mil niños en situación de acogimiento, ya sea familiar o residencial, aunque la Junta de Castilla y León llega a tramitar al año cerca de 2.000 expedientes, según explicó Valdón. El decreto es de aplicación en todos los centros de menores de toda la comunidad, tanto los públicos como los concertados, y sitúa a la Castilla y León entre las comunidades más avanzadas en lo que a regulación de este tipo de instalaciones se refiere.