Una mujer cede a la Junta la guardia de su hijo, por el que era maltratada

Por primera vez en Castilla y León, una madre de 33 años se ha visto obligada a ceder a la Administración autonómica la guardia y custodia de su hijo, debido a al maltrato a que éste la sometía. La joven madre, que se encuentra separada desde que su hijo cumplió un año, luchó para que la conducta del menor, que ahora tiene 15 años, se reorientara: «Intenté todo, incluso terapias familiares con psicólogos pero él nunca llegaba a reconocer los hechos». Según fuentes oficiales citadas por la agencia Ical, la afectada no sólo comenzó a sufrir amenazas y violencia psíquica por parte de su hijo, sino también agresiones. Maite recuerda que una noche su hijo, con apenas 13 años, la agarró del cuello y la empujó contra la puerta, sólo porque no le dejó salir de casa. Otro día, le propinó un fuerte puñetazo en el abdomen y en la cara lo que la obligó a acudir al médico presa de un ataque de ansiedad. Este tipo de agresiones se mezclaban con amenazas que finalmente obligaron a Maite a denunciar a su hijo, que fue condenado por un delito de violencia doméstica y cuatro faltas de amenazas y coacciones. El menor fue ingresado en el centro penitenciario de menores Zambrana cuando tenía 14 años donde residió ocho meses antes de que fuera trasladado al centro José Montero, donde se encuentra actualmente en régimen de libertad vigilada hasta el próximo 4 de febrero. «El ser madre y sentirse culpable es todo uno», aseguró, sin embargo señaló que tiene la conciencia tranquila ya que todos los psicólogos le han manifestado que el problema de su hijo es endógeno. Maite no quiere ni oír hablar de la vuelta de su hijo, por lo que volverá a recurrir para que se prolongue la custodia de la Administración, que en principio ha optado por una guarda durante un año. La Ley protege al menor En su trato con la Administración, la madre del menor aseguró haber pasado un auténtico vía crucis tras denunciar los hechos: «Me libré del maltrato de mi hijo y pasé a ser maltratada por la Administración. Me han tratado fatal e incluso he recibido insinuaciones dando a entender que no me ocupaba de él». Esta confrontación llegó a su cenit cuando le comunicaron que su hijo había sido integrado en un programa de protección a la infancia maltratada. «Mi indignación llegó a tal punto que pensé en denunciar a la propia administración», algo que finalmente no hizo. Fuentes de la Consejería de Familia precisan que cuando los padres se deciden a denunciar estos hechos se les insiste en que la autoridad de este departamento deriva de la protección a la infancia y no a la inversa.