El Ejecutivo prevé que el maltrato doméstico sea un servicio obligatorio dentro de la Sanidad

La Junta apuesta por elaborar una ley autonómica de violencia de género

La nueva norma incluiría medidas educativas, sociales, de prevención y de protección

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ical | valladolid

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La Junta de Castilla y León prevé incluir la violencia de género dentro de la cartera de servicios obligatorios de la Sanidad, especialmente, en Atención Primaria, y apuesta por la elaboración de una ley autonómica de Violencia de Género, que incluya medidas de prevención, protección, educativas, sociales, sanitarias y de asistencia socioeconómica a las víctimas y que dé «mayor cobertura y garantía» a las acciones que se pongan en marcha en este ámbito. Así se recoge en el borrador del Plan contra la Violencia de Género de Castilla y León que tendrá una vigencia entre 2006 y 2010 y que estudia el Consejo de la Mujer y la Comisión contra la violencia hacia la mujer de Castilla y León. El plan, que recoge las conclusiones de la ponencia de las Cortes que han estudiado esta cuestión, se estructura en cuatro áreas -prevención y sensibilización, formación, atención integral y coordinación institucional- con nueve objetivos específicos que se desarrollan a lo largo de 101 medidas. Dos son los propósitos fundamentales del plan, conocido por la agencia Ical. Por un lado, ofrecer un «enfoque integral y multidisciplinar» con aspectos preventivos, de protección y de atención integral a las víctimas y a los menores a su cargo hasta su recuperación total y, por otro, «dar respuestas adecuadas a la situación de cada mujer», con especial atención a las que tengan mayores dificultades para acceder a los servicios, como son las del medio rural, las pertenecientes a minorías étnicas y a las afectadas por alguna discapacidad. Así, dentro del área de atención integral, el Gobierno autonómico pretende desarrollar una red de servicios hacia las mujeres y los menores a su cargo de calidad, con tres vertientes: garantizar la información y el asesoramiento más adecuado para las mujeres; su asistencia y protección junto con sus hijos y facilitar la inserción social y laboral de este colectivo. Para ello, propone incluir la violencia de género en la cartera de servicios obligatorios, especialmente, en Atención Primaria; prestar atención psicológica especializada a las víctimas, incluso con grupos de autoayuda; e impulsar el Plan Dike con incentivos económicos para las empresas que contraten víctimas con servicios de orientación laboral, diseñados específicamente. Prevención Dentro del área de prevención y sensibilización se pretende conocer y analizar los efectos de las distintas formas de violencia en las mujeres y sus hijos, difundir en la sociedad las consecuencia de estos hechos para sensibilizarla y avanzar hacia el rechazo social y diseñar estrategias de prevención en los diferentes niveles del sistema educativo. Por ello, se propone realizar investigaciones específicas en colectivos como discapacitadas, mayores o inmigrantes. Formación En el área de formación, se pretende garantizar la especialización de los profesionales que participan en la asistencia a las mujeres y en las personas que ayudan a estas personas., a través de cursos, guías contra la violencia y protocolos de actuación para profesionales. Cooperación institucional En el área de cooperación institucional, se pretende coordinar las actuaciones de las distintas administraciones. Se aboga por la aprobación de una ley contra la violencia de género que incluya «medidas de prevención, protección, educativas, sociales, sanitarias y de asistencia socioeconómica a las víctimas», la creación de una red de municipios con programas de prevención, la colaboración en proyectos de cooperación al desarrollo dirigidos a evitar el tráfico de mujeres y niñas y el fomento en el tejido asociativo de mujeres de redes de ayuda para las víctimas.

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