La gestión privada de bienes patrimoniales se recorta a 40 años

Los bienes patrimoniales de la Administración autonómica o de otras instituciones públicas de Castilla y León que no tengan uso podrán ponerse en manos de la iniciativa privada durante 40 años, 35 menos que los propuestos por la Junta, con el objetivo de darles valor y ahorrar en conservación. Esta es una de las novedades de la ley de Patrimonio de Castilla y León, aprobada ayer por asentimiento de las Cortes después de que el grupo parlamentario del PP aceptará o transaccionará cuatro de las 23 enmiendas que mantuvo el PSOE al texto, de las que retiró doce. La ley, según refirió la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, en su exposición del texto ante el plenario de la Cámara legislativa, supone «un paso más en la modernización del área de hacienda de la comunidad», y permitirá «gestionar de una forma eficaz y eficiente los bienes de la comunidad, con garantías de control». La falta de acuerdo sobre lo relativo a sociedades de titularidad pública, donde el PSOE mantuvo siete enmiendas que no fueron aceptadas por el PP, no fue impedimento para que la ley saliera adelante. «Es una ley adecuada y suficiente para que todos podamos gobernar con ella sin necesidad de modificaciones», arguyó el ponente socialista Pascual Fernández, mientras que el popular Jesús Encabo destacó el esfuerzo de todas las partes por llegar a un acuerdo en esta materia y la aportación de la nueva norma la «gestión cotidiana de la Junta». Inventario Otra de las novedades del texto, que sustituye a la ley de 1987, es la obligación de hacer un inventario de bienes patrimoniales y de dominio público, que en lo que afecta a la Junta está prácticamente terminado en cuanto a bienes inmuebles, con más de 2.500 bienes inventariados. Se exceptúa de esta labor el inventariado de carreteras, montes, vías pecuarias y viviendas, que se catalogarán de otra manera y por las consejerías de las que dependan, aspecto que fue objeto de otra de las enmiendas socialistas, que no fue aceptada.