La Fiscalía exige que se aplique una tutela especial a médicos y profesores

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Manuel Martín-Granizo, instó a los fiscales jefes de la autonomía calificar de «delito de atentado» las agresiones que se puedan producir a los funcionarios públicos como los médicos y los profesores. «Las agresiones a un médico, que es funcionario público, y a un profesional de la enseñanza, que también lo es, constituyen un delito de atentado si se le agrede como consecuencia de un delito de sus funciones», afirmó. Además, agregó que «el problema sería que los médicos, en su actividad privada, o los enseñantes que en el ámbito de la enseñanza concertada cumplen el mismo papel no tuvieran esa especial tutela del ordenamiento jurídico penal». Sin embargo, precisó que «el derecho penal sólo puede aplicarse de manera estricta y no a situaciones distintas ya que el principio de seguridad jurídica lo prohíbe». Por lo tanto, a su juicio, «los médicos de la medicina pública y los enseñantes de la enseñanza pública, por el hecho de ser funcionarios, tienen una tutela especial que no la tienen». El fiscal jefe del tribunal burgalés se reunió en Burgos con los fiscales jefes de las audiencias provinciales de la autonomía. En este encuentro se abordó también la siniestralidad viaria y laboral. Así, informó a los máximos responsables de las fiscalías de la autonomía que el próximo 15 de diciembre firmará un convenio de colaboración con los representantes regionales de los sindicatos mayoritarios y, en enero, con los responsables del servicio de siniestralidad laboral de toda la autonomía. En este sentido, los exhortó a que en las fiscalías -en algunas ya funcionan- se ponga en funcionamiento este servicio «a pleno rendimiento, con toma del conocimiento y registro de todos los procedimientos en materia de siniestralidad laboral», así como que se celebren las reuniones con la autoridad laboral, y exista coordinación con la Inspección de Trabajo y los sindicatos. Siniestros laborales Por lo que respecta a la postura de la Fiscalía en materia de siniestralidad viaria, Martín-Granizo indicó que en la reunión se discutió sobre la existencia o no de suficiente base legislativa para intentar reprimir conductas graves en este ámbito. «Parece que existen, todavía tenemos argumentos e instrumentos jurídicos suficientes para atender o responder frente a conductas imprudentes», dijo.Así, agregó que «la idea que yo he trasmitido es la necesidad de los fiscales de pensar dos veces antes de considerar en un procedimiento si los hechos tienen una menor gravedad, es decir, que pasen a ser considerado faltas, pensarlo dos veces y valorar sobre la verdadera gravedad y alcance de esas infracciones»En este sentido, precisó que «todo ello a la espera de las iniciativas del fiscal coordinador».