La Junta cree que la valoración reducirá un 20% los dependientes

La Junta de Castilla y León considera que los nuevos instrumentos para la valoración de la dependencia previstos por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con motivo de la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, reducirá el número de beneficiarios en más del 20%, lo que supone una caída «considerable», según el gerente regional de Servicios Sociales, Antonio Sáez Aguado. Al mismo tiempo, «parece infravalorar la dependencia en algunos tipos de deficiencias», ya que el Estado pretende aplicar un baremo específico para las personas con discapacidad intelectual o mental, en detrimento de otras minusvalías como las físicas. Esto conllevaría a que, por ejemplo, una persona con una tetraplejia con un trastorno mental leve o de afectividad bajaría de nivel de dependencia al aplicársele el instrumento de valoración de discapacidad intelectual y enfermedad metal, añadió. Ante esta situación, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Rosa Valdeón, defenderá hoy lunes, en la reunión de constitución del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD), que en el caso de estas personas se aplique el baremo más favorable. La estimación del descenso de entre un 20 y un 30% de los beneficiarios parte de un estudio de pilotaje que la Junta realizó en Castilla y León a lo largo de los meses de agosto y septiembre, en función de un baremo inicial del Imserso y sobre una muestra reducida de 415 personas. Ahora, la Administración, tras conocer la última propuesta del baremo, este jueves, ha vuelto a aplicar sobre los mismos casos los nuevos cortes, de cuyos resultados se desprende que la Ley no protegería a alrededor una cuarta parte del colectivo inicial. «Se trata de una estimación, ya que hasta que no haya un documento concreto es complicado dar cifras, pero hemos detectado que el instrumento es muy restrictivo, que no discrimina bien en personas que padecen alzheimer ni en aquellos con discapacidad intelectual, a no o ser que sea muy severa», indicó el gerente, para explicar que podría tratarse de una «estrategia en ausencia de un presupuesto razonable por parte del Estado para cubrir la prestación». El baremo será uno de los puntos más polémicos del orden del día de la reunión de hoy , a la que asistirán los consejeros de las 17 autonomías y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, además de dos representantes de las corporaciones locales, el ministro del ramo, Jesús Caldera, y once representantes del Ministerio que regula la Ley de Dependencia.