El acuerdo facilitará el acceso a la mayoría de productos que gestionan los organismos públicos

Junta y Gobierno acuerdan intercambiar servicios de la administración electrónica

Ambas instituciones firmarán en los próximos días el convenio marco para esta actuación

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ical | madrid

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La Junta y el Ministerio de Administraciones Públicas firmarán en próximas fechas un convenio de intercambio de servicios de administración electrónica, con el fin de ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos de Castilla y León, según avanzó la consejera de Administración Autonómica, Isabel Alonso, tras la reunión que mantuvo en Madrid con la ministra del ramo, Elena Salgado. El convenio recogerá las condiciones generales para un aprovechamiento común de los servicios electrónicos que prestan ambas instituciones, que se concreta en la disponibilidad de determinados servicios facilitando el acceso y uso común por cualquiera de las partes, tales como el acceso al DNI electrónico, firma electrónica, acceso a los datos del Padrón... Todas las actuaciones que la Junta lleve a cabo en materia de Administración Electrónica con órganos de la Administración General del Estado se realizarán en este marco. En la reunión Salgado y Alonso repasaron la coordinación en materia de atención al ciudadano que mantienen ambos departamentos. La consejera le trasladó los contenidos del Plan de Implantación de la Administración Electrónica que en estos momentos desarrolla la Junta y que busca acercar a ciudadanos, empresas y empleados públicos las ventajas que ofrece, como la reducción de tiempos de tramitación y los desplazamientos. Además, la consejera aprovechó la reunión, que definió como cordial, para reivindicar a la ministra que convoque la Conferencia Sectorial en el ámbito de la función pública y la e-Adminsitración para sentar las bases. «En estos momentos, hay que desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público y sentar las bases. Con esto no decimos que tenga que aplicarse de igual forma en todo el territorio, ya que tiene que atender a sus características, pero sí que haya unos denominadores comunes y no existan 17 sistemas de empleados públicos distintos», explicó Alonso. La consejera también solicitó mayor celeridad en la aplicación del convenio de oficinas integradas, teniendo en cuenta que Castilla y León es la comunidad con más ayuntamientos adheridos al modelo, 300, «pero sólo en el campo de registro y recepción de documentos». «Queremos dar el salto y que se conviertan en oficinas de información para, posteriormente, pasar a ser un organismo de gestión integral».

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