La declaración sobre la integración plantea una entidad financiera plena

ical | redacción

Los agentes políticos, económicos y sociales de Castilla y León plantean que la entidad central que dirija al Grupo Cajas de Castilla y León sea «una entidad financiera plena con naturaleza jurídica similar a la de las cajas y con sus órganos de gobiernos elegibles proporcionalmente a semejanza de los de las cajas», según figura en el último texto de la declaración de apoyo al proceso de integración que ayer se distribuyó entre los colectivos firmantes. De este modo, se pretenden reforzar las garantías de que el diseño del grupo mantendrá la naturaleza jurídica de las entidades financieras, que se respetará «de manera íntegra, y está fuera de toda discusión», si bien el propio texto deja entrever las dificultades que puede encontrarse este planteamiento que, deja claro, debe proponerse a las «instancias pertinentes» e incluso abunda en que «se estudiarán todas las opciones jurídicamente posibles y que sean aceptadas por la autoridad responsable».

El documento elaborado ayer por la Consejería de Economía ha sido remitido a PP, PSCyL, Cecale UGT, CC.OO. para que lo analicen antes del jueves, fecha prevista para que las organizaciones que estén de acuerdo estampen su firma en un texto que las comprometería a apoyar en los consejos de administración de las entidades la continuación del proceso de integración, es decir, el comienzo de las negociaciones para materializar el contrato que dé origen tanto al Grupo Cajas de Castilla y León como a la entidad que deba gestionarlo.

En todo caso, la declaración, que insiste en que las Cajas, como únicas titulares de la entidad central, serán las dueñas de su destino», se compromete a que «con el fin de evitar cualquier posible riesgo o amenaza de desnaturalización o de injerencia de terceros en la estructura de gobierno de la entidad central, se adoptarán todas las medidas contractuales y estatutarias necesarias», unas garantías que «se verán complementadas y reforzadas con medidas legislativas».

El mantenimiento de la naturaleza jurídica de las cajas era uno de los caballos de batalla que habían planteado los agentes sociales en la negociación de esta declaración de apoyo al proceso de integración y que ahora tendrán que decidir antes del próximo jueves si suscriben este texto. En caso de ser así, se comprometerán a «dar instrucciones» a sus representantes en los consejos de administración de las entidades para votar favorablemente a la negociación del contrato para la formación del Grupo Cajas de Castilla y León. Un apoyo que, según el borrador de declaración, se fundamenta en la convicción de que el proyecto de integración «no puede suponer ningún riesgo de desnaturalización o de privatización de las cajas» y que el proceso se gestionará progresivamente en el tiempo, con un calendario prefijado que permita la construcción ordenada del grupo y asegure su viabilidad y la de las entidades que lo integren para lo que el primer estadio debe ser la creación de un Sistema Institucional de Protección. Además, se basa en que se minimizará cualquier impacto sobre el empleo y se diseñará un plan estratégico para incrementar la eficiencia y eficacia de las entidades.

Empleo

La otra reticencia que planteaban los agentes sociales tenía que ver con las garantías para el empleo que en la declaración queda conjurada con un apartado en le que se reconoce la oportunidad de la elaboración de un protocolo laboral que garantice el mantenimiento del nivel de empleo, del régimen laboral y la homogeneización de las condiciones laborales y salariales». Del mismo modo, abogan por garantizar la posibilidad de competencia entre las entidades.

Asimismo, los firmantes apuestan por el diseño de un plan de negocio «de modo que la adopción del modelo de integración se realice con la certeza de que el Grupo de Cajas alcanzará no sólo una mayor liquidez y solvencia, sino que será además un medio eficaz para que nuestras entidades se conviertan en un referente dentro del panorama nacional de entidades de crédito».

Por último, la declaración considera que si en el contrato del Grupo que negocie una comisión designada por los consejos de administración de las entidades, se respetasen todos estos parámetros, los miembros de las organizaciones que firmaran el documento mostrarían también su conformidad con la integración cuando se lleve a las asambleas generales de las cajas. En caso contrario, «no se recomendaría el voto a favor de su aprobación».

El secretario autonómico del PP, Alfonso Fernández Mañueco, se mostró «convencido» de que los miembros del PP que forman parte de los consejos de administración respaldarán el proyecto de integración de las mismas y consideró como «jugar a ciencia ficción» la posibilidad de que no actuasen en este sentido.

Por su parte, el secretario de Organización del PSCyL-”PSOE, Pedro José Muñoz, destacó que el proceso de integración «no es un autoservicio en el que cada uno puede coger lo que quiere», en relación a la postulación de los sindicatos contra un Grupo de Cajas.