El Gobierno anuncia que el cierre definitivo de Garoña es «irreversible»

Al Ejecutivo le resultaría inconcebible que un gobierno de otro color político, surgido de las elecciones generales de 2012, pudiera dar marcha atrás a la decisión de cerrar Garoña el 6 de julio de 2013. «No me es imaginable que nadie de forma responsable piense cambiar eso», dijo Teresa Fernández de la Vega. «No sería responsable», añadió después de que el Consejo de Ministros diera el visto bueno a la orden ministerial que pone fecha de caducidad a la central burgalesa y al futuro plan de reactivación industrial del área afectada. Respondía así a la insinuación del líder del PP sobre una posible nueva prórroga si ganara los próximos comicios generales. «Ya sabemos que a Rajoy no le gusta nada de lo que haga el Gobierno», replicó.

Para el Gobierno, el «cese definitivo de la actividad de Garoña no tiene vuelta de hoja y es irreversible», a juicio de la número dos. Inimaginable, inadmisible, «irresponsable, puede». Irreversible no, aunque la vicepresidenta primera cree que «jurídicamente no sería admisible». Al margen de consideraciones técnicas y operativas propias de una instalación nuclear, si un nuevo gobierno tuviera la voluntad política de indultar de nuevo a Garoña, podría hacerlo.

No existen mecanismos de blindaje jurídico de una orden ministerial. En cada relevo en el Palacio de la Moncloa decenas de órdenes ministeriales del gabinete saliente sobre infinidad de cuestiones decaen, anuladas por el nuevo equipo. A veces, incluso aunque el gobierno entrante sea del mismo partido que el anterior.

Más que en los obstáculos jurídicos, el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero confía en que dentro de cuatro años la situación de facto en el entorno de Garoña sea tal que a nadie se le pase por la cabeza anular la orden de cierre, por innecesario y hasta contraproducente. «Tomaremos medidas previas para garantizar que el plazo de funcionamiento sea ése», recalcó Fernández de la Vega.

Para 2013 debieran estar ya en marcha, si no todas, sí las principales actuaciones del plan de reactivación industrial de la zona. En octubre se abrirán las primeras convocatorias de ayudas públicas -”unos 100 millones de euros hasta 2013-” y el plan estará listo en «tres meses y operativo en tres años», anunció la vicepresidenta.