El PP justifica no aprobar la renta de ciudadanía apelando al diálogo social
Los socialistas acusan a Herrera de «esconderse» para no dar explicaciones al rechazar la Diputación Permanente su comparecencia en pleno extraordinario
Carriedo, Fernández Santiago, Ramos y Otero, se saludan antes de la comparecencia.
El portavoz del Grupo Popular, Carlos Fernández Carriedo, apeló ayer al diálogo social para justificar que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, no haya cumplido su compromiso parlamentario de aprobar antes del 30 de julio de este año la aplicación de la renta garantizada de ciudadanía, mientras que el socialista Francisco Ramos le acusó de «esconderse» en la negociación con sindicatos y patronas para no explicar las razones de un retraso que le han llevado a no cumplir «su palabra».
Estos fueron los argumentos que utilizaron ambos portavoces durante la sesión de la Diputación Permanente de las Cortes, máximo órgano de la Cámara en periodo de vacaciones parlamentarias, en el debate de la petición del Grupo Socialista para que el presidente de la Junta explicará en un pleno extraordinario, antes de septiembre, a qué obedece la demora en la puesta en marcha de la renta de ciudadanía, un derecho estatutario, y por qué no ha cumplido su compromiso.
Fallo a favor del PP. La Diputación Permanente de las Cortes rechazó con once votos en contra, los diez de la mayoría del PP y uno de UPL, y los cinco a favor de los socialistas, la comparecencia del presidente Herrera en periodo no hábil. «Un presidente que compromete una fecha fija e incumple su promesa es que no tiene palabra, ni respeto a las instituciones ni ambición por Castilla y León», sentenció Ramos.
El socialista remarcó que el presidente de la Junta leyó de manera solemne, ante el pleno de las Cortes del pasado 12 de marzo, su compromiso de aplicar por decreto este derecho a partir de finales de julio, y añadió que un anuncio así significa que ya existía un acuerdo con los agentes sociales, que las cuentas estaban hechas y las bases cerradas. «Sí suponíamos todo eso, estábamos equivocados», aseveró, para añadir que «fue tanta la improvisación» que al presidente no se le advirtió de que el desarrollo de un derecho estatutario no se realiza por decreto, sino por ley.
«Cuáles son las razones para que el presidente haya dado la espalda a personas necesitadas», preguntó el portavoz socialista, quien insistió en que Herrera tiene que dar las explicaciones y «no esconderse» en la negociación del diálogo social. Ramos observó, además, «incapacidad» del jefe del Ejecutivo como titular del Consejo del Diálogo Social, órgano en el que están los máximos dirigentes de sindicatos y patronal, e «incumplimiento» de la palabra dada ante las instituciones.
El popular Fernández Carriedo centró sus argumentos en la defensa en Castilla y León de los acuerdos en el seno del diálogo social y en que fueron patronal y sindicatos quienes pidieron un retraso en la renta de ciudadanía para cerrar un acuerdo solvente.