Antón solicita que los dependientes cobren más de una prestación

El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, avanzó ayer que pedirá, durante la Conferencia Sectorial prevista para el martes, un sistema que diferencie personas y prestaciones en la financiación de la Ley de la Dependencia, algo que hace Castilla y León desde este verano, de manera que exista la compatibilidad, ya recogida en la normativa, para que una persona dependiente pueda tener reconocida más de una prestación.

Antón realizó este anuncio durante su comparecencia en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de las Cortes, donde asistió a petición del Grupo Socialista para exponer el «grado de implantación de la ley», para la que, tres años después de su aprobación, reclamó una «financiación suficiente», reivindicó que se complete el desarrollo normativo en formación y respiro de cuidadores familiares y apoyó un sistema básico y uniforme de información.

Todas estas reclamaciones las expondrá en la Conferencia Sectorial, órgano de participación entre el Ministerio y las comunidades autónomas, si bien, durante su comparecencia en el Parlamento autonómico, sostuvo que Castilla y León está por encima de la media nacional en la valoración y concesión de prestaciones.

En este momento, hay 35.785 beneficiarios con derecho a ayudas, un 76% de los 47.393 que tienen reconocida la dependencia. De ellos, 31.937 tienen prestaciones reconocidas e identificadas, de los que 29.813 corresponden a prestación reconocida, 17.326 son servicios y 12.487 asistencias económicas de cuidados en el entorno familiar. A los 11.608 sin reconocimiento, podrá corresponderles subsidios a partir del 2011 ó 2012 por tener aprobado el grado I y ser esa fecha la que marca la ley.

Con estos datos, del sistema nacional de dependencia, Antón destacó que el 89,25% de las personas con derecho a prestación ya la tienen reconocida, lo que supone 21 puntos por encima de la media nacional, que está en el 67,96%. «Castilla y León es la primera comunidad, de las que entran en el reparto de nivel acordado, en concesión de prestaciones identificadas», señaló.

Visión optimista. El socialista Fernando Rodero no coincidió con la valoración expuesta y habló de una «visión optimista» sobre la aplicación en la comunidad de esta normativa, a la vez que acusó al consejero de «maquillar» los datos.

Rodero trató de rebatir las cifras aportadas con un análisis de la incidencia sobre cada 10.000 habitantes, criterio en el que Castilla y León aparece en el «furgón de cola». El consejero restó «validez y rigor técnico» a los datos aportados y preguntó por qué se acogía a la aplicación sobre diez mil habitantes cuando en Castilla y León las personas dependientes son 90.000, no toda la población.