El juez condena al Musac por el despido de seis trabajadores
La Fundación Siglo respeta la sentencia pero también inicia los trámites para recurrirla.
El Juzgado nº 3 de lo Social de León ha declarado improcedentes cinco de los despidos efectuados sobre seis trabajadores del Departamento de Educación y Acción Cultural del Musac, y otro nulo, y obliga a la Consejería de Cultura a indemnizarlos o readmitirlos en cumplimiento de la legislación vigente.
Ante este hecho, la Fundación Siglo, institución de gestión cultural de la Consejería de Cultura, ha comunicado que «respeta» la sentencia judicial pero también que, al no estar de acuerdo con ella, la recurrirá «en el órgano jurisdiccional correspondiente». De hecho la Fundación Siglo ya ha comenzado con los trámites pertinentes para ello.
El fallo, con fecha de 7 de noviembre de 2011, declara nulo uno de los despidos y condena a la institución demandada «a la inmediata readmisión de la trabajadora», mientras que declara improcedentes los otros cinco despidos y condena a la demandada «a que, a su opción, los readmita en su puesto de trabajo en las mismas condiciones que regían antes del despido o que les abone las correspondientes indemnizaciones».
Además, la sentencia dictamina, según un comunicado emitido por los propios trabajadores, que la relación mercantil que la Fundación Siglo había establecido con los seis trabajadores a través de la supuesta empresa Ando C.B era «fraudulenta» y que ésta respondía únicamente a una estrategia de la Fundación Siglo «cuyo objetivo era eludir la contratación directa de estas trabajadoras y las responsabilidades que corresponden a una relación laboral». También recuerdan que la sentencia da por probada la existencia de esa relación, basándose en los seis años de trabajo continuado del equipo de educadores en el Musac.
«Por lo tanto, queda demostrado que, en el caso de las educadoras del Musac, estamos ante una práctica ilegal, habitual en las instituciones culturales, que se ha generalizado en los últimos años y que consiste en la creación de empresas interpuestas a beneficio de las administraciones públicas, quienes eluden así la contratación directa de sus trabajadores», aseguran.