Anti Lex

L a libertad no la tienen los que no tienen su sed» decía Rafael Alberti, poeta que celebramos y cuyo nacimiento, un 16 de diciembre, nos viene a la memoria en estos días.

Nos viene a la memoria su figura de manera nostálgica igual que de manera nostálgica nos viene a la memoria esa palabra clave: libertad. Hace una semana, España ha encerrado la palabra libertad y su significado y apenas ya podrá ser visitada sino en la añoranza. En la añoranza... o en la lucha.

La ley de seguridad ciudadana, esa ley con minúsculas, que no obedece ni al concepto más digno de la palabra ley, ni a la palabra seguridad –excepto la de los caudillos- y muchísimo menos a la palabra ciudadana, se ha aprobado a la manera caciquil que este gobierno impone, con todos los grupos parlamentarios en contra y con más del 80% de la ciudadanía en contra (así lo atestigua una encuesta de Metroscopia).

Hace un año escribí con dolor la gravedad que suponía el borrador de esta ley en una columna de este periódico. Estaba convencido de que algo tan importante sería imposible que se aprobase con la redacción que mantenía. Apenas un año después, la ley pasa a ser una realidad con apenas unos leves matices y España se convierte en la exclamación irritante de las democracias en los medios internacionales.

Esta ley no es una ley. Dice la RAE sobre el significado de esta palabra: «Precepto dictado por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados». Es obvio que hay ausencia de ley en un texto que quiere atacar a una ciudadanía indefensa y masacrada por la crisis económica con sanciones descomunales que obligan al silencio o la bancarrota. Como las cárceles están ya llenas con corruptos políticos, no se les ocurre una fórmula mejor que atacar al bolsillo del que se manifiesta precisamente por no poder comer dignamente.

Todavía no conozco un político que habiéndose apropiado de dinero público, desfalcándolo o malversándolo... haya pagado 600 mil euros de multa y haya devuelto lo sustraído.

Pues bien, a un ciudadano que esté apoyando un desahucio, o que se quiera manifestar pacíficamente delante de un edificio de todos como lo son el Congreso o los parlamentos autonómicos, o grabe a un funcionario público mal ejerciendo su desempeño –un policía lo es- le puede caer hasta 30.000 euros de multa.

Si ese ciudadano se le ocurre reunirse o manifestarse en infraestructuras de servicios públicos, la multa puede ascender a los mencionados, grotescos y desmadrados 600.000 euros.

También se cargan derechos fundamentales como el hecho de ser condenado por un juez (muchas de las sanciones podrán ser emitidas directamente por las fuerzas de seguridad –las que previsiblemente estarán implicadas en dichos altercados-) y solucionan el problema de la inmigración fronteriza de un plumazo, les devuelven a patadas y asunto zanjado.

Ley de seguridad ciudadana se llama. Y sí lo es, es una ley que defiende al gobierno de sus propios ciudadanos.