El Gobierno podrá cerrar webs piratas sin autorización del juez
álvaro soto | madrid
El Gobierno podrá cerrar páginas webs que incumplan reiteradamente la legislación sobre derechos de autor sin necesidad de que un juez lo autorice cuando se produzca una reiteración del delito. Así lo establece la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, a la que dieron ayer su visto bueno por unanimidad los principales partidos. PP, PSOE y Ciudadadanos acordaron en la Comisión de Cultura del Congreso una enmienda al artículo 195 del texto actual para eliminar la obligación de que sea un magistrado el que autorice el cierre de una página web que incumpla reiteradamente la norma o en aquellos casos en los que con anterioridad ya haya habido una resolución judicial.
El objetivo final es agilizar el proceso en las situaciones de fraude más evidentes. Según el nuevo texto, «la ejecución de la medida de colaboración dirigida al prestador de servicios, con independencia de cuál sea su naturaleza, no requerirá la autorización judicial prevista en el artículo 122 bis de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa». Pero esto sólo le ocurrirá, insistieron los partidos que llegaron a este acuerdo, a páginas webs piratas que ya hayan estado implicadas en un caso anterior de vulneración de derechos de autor o que hayan sido advertidas por un juez con anterioridad.
De esta forma, la decisión de cerrar una página web que ya haya sido sancionada corresponderá a la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, un órgano compuesto por nueve funcionarios que no están vinculados ni a la judicatura ni a los partidos. En este punto del cierre de webs, la única voz discordante ha sido la de Podemos. Su portavoz en la Comisión, Eduardo Maura, cree que la reforma puede caer en la «presunción de culpabilidad».