«Los expedientes de la represión son como la montaña más alta»

Lugar: Aula Magna de Filosofía y Letras.

Hora: 12.00.

Carmen Rial Quintela, archivera del Archivo Intermedio Militar Noroeste (antiguo Archivo Militar de Ferrol) habla hoy en el Aula Magna de Filosofía y Letras sobre Secretos oficiales y archivos militares: el acceso a la documentación histórica en España.

—¿Qué es lo más sorprendente que ha encontrado en los archivos militares?

—En el plano positivo, me quedaría con que los archivos del Ministerio de Defensa forman el sistema más completo y desarrollado del país, por su distribución territorial, por la complejidad y peculiaridad de las funciones de los organismos a los que sirve. Es un sistema completamente vivo, en el que se plantean todas las problemáticas y desafíos posibles relativos a la gestión documental electrónica y a la archivística tradicional, y que como archivera me ha ofrecido la posibilidad de trabajar mano a mano con personal civil y militar de los cuarteles con verdadera inquietud por la conservación del patrimonio documental militar. En el plano negativo, me preocupa que a día de hoy sigue sin existir una herramienta común para todos los archivos militares, que sea accesible online y en la que se ofrezcan a la ciudadanía descripciones y digitalizaciones para que cualquier persona se acerque a los documentos depositados en ellos.

—¿Alguna vez sabremos toda la verdad de los archivos de la Guerra Civil?

—La consulta e interpretación de los documentos de archivo por cualquier persona es esencial para alcanzar la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición reconocidos por Naciones Unidas para la mejor defensa de los derechos humanos y para el reconocimiento de quienes se vieron perjudicados de una u otra forma por la dictadura. En el camino a la verdad las investigaciones individuales o coordinadas desde universidades y otras instituciones son fundamentales, pero también es preciso que de una vez se implanten medidas de justicia como en países cuya población sufrió abusos de derechos humanos por parte del poder político. El mayor valor de los archivos reside en el efecto reparativo que su consulta llega a tener para las personas que fueron víctimas de la represión ideológica franquista y para sus familiares, y este proceso de reparación tiene como ambiente habitual las salas de investigación de muchos archivos militares.

—¿Los juicios sumarísimos son terribles o los documentos no dan excesivos detalles?

—Los juicios sumarísimos vinieron a dar una envoltura judicializada a las actuaciones de anulación de libertades y exterminio del adversario político que desde los primeros días tras el golpe de julio de 1936 se practicó en el bando rebelde-franquista. Estos voluminosos expedientes reflejan a la perfección la represión ideológica tal y como quiso practicarse: detenciones generalizadas para la purga social, garantías procesales volatilizadas entre trámites velocísimos, entradas y salidas de prisión para forzar declaraciones, defensas indolentes, sentencias que retorcían documentos y declaraciones, condenas ejemplarmente duras, todo ello para la victoria sobre el enemigo y la imposición ideológica absoluta. Lo más terrible de ello, junto con las dimensiones descomunales que alcanzó (si colocásemos estos expedientes unos encima de otros, alcanzarían fácilmente a las montañas más altas), es la sutileza y aparente neutralidad con la que se revisten estas prácticas: a las víctimas se las denomina delincuentes, al ejercicio de libertades básicas como la de expresión o asociación se las califica como modalidades del delito de rebelión, los asesinatos a sangre fría se relatan como episodios de intento de huida...

—¿Durante la dictadura se destruyeron documentos relevantes?

—Las destrucciones de documentos públicos pueden responder a diferentes intenciones. En primer lugar, en los sumarísimos a veces se hace referencia a la eliminación de documentación propia por el bando republicano con fines de autoprotección ante la llegada de las tropas rebelde-franquistas, para evitar que esos documentos pudiesen ser utilizados para represaliarles. La falta de papel también animó a la dictadura a reciclar grandes cantidades de papel, mucho del mismo estaba formado por documentación pública o por libros procedentes de bibliotecas, especialmente los incautados por no ajustarse a la línea ideológica impuesta. La destrucción con intención de ocultar responsabilidades en las violaciones de derechos humanos llegarían con la muerte de Franco y la transición, ya que hasta entonces la dictadura controlaba férreamente el acceso a los archivos y lo que se publicaba basado en ellos. Estos expurgos que se producen en momentos de relevo de responsabilidades políticas siguen siendo un problema actualmente, ya que cualquier cambio de gobierno viene acompañado de denuncias en la prensa de máquinas destructoras en funcionamiento, documentos en la basura, discos duros borrados y similares. Un paso hacia la gobernanza pública y la lucha contra la corrupción pasa porque el personal de archivos de las administraciones pase a tener facultades inspectoras ante situaciones de relevo político.

—¿Por qué es tan difícil el acceso a estos archivos?

—En lo que respecta a los archivos militares, el primer obstáculo a la consulta deriva de que la omnipresencia y omnipotencia de lo militar sobre lo civil durante la dictadura se materializaron en un descomunal volumen de fondos de esa época a cargo de los actuales archivos del Ministerio de Defensa. Para recuperar los documentos que son solicitados se cuenta con inventarios detallados, como en el caso de los sumarísimos o de la documentación del llamado Archivo de la Guerra de Liberación. La dictadura no dudó en invertir medios y tiempo para mantener controlada una documentación que le interesaba utilizar: en el caso de los sumarísimos, para controlar a la población reclusa; en el caso del Archivo de la Guerra de Liberación, para propagar la versión de la Guerra Civil que le convenía. Pero como plasman las estadísticas oficiales, en la mayoría de casos la documentación carece de inventario archivístico, lo cual es un gran obstáculo para cualquier tipo de investigación.

Hay mucha documentación de los archivos militares que contiene datos sensibles para las personas o para el Estado que pueden implicar que se deniegue la consulta. Sin embargo, la mayoría de la documentación no se encuentra en esa situación: la consulta de los sumarísimos se autoriza siempre que la sentencia se haya dictado hace más de 50 años (como prevé la Ley de Patrimonio Histórico Español), y la documentación anterior a la Ley de Secretos Oficiales que en su momento afectó a cuestiones de defensa está siendo objeto de autorización expresa en los últimos meses por la ministra Robles.

—¿Cuántas historias aún inéditas guardan los archivos de Defensa?

—Más de la mitad de la documentación que hay en los archivos de Defensa no cuenta con un inventario que permita acercarse a su contenido. Por tanto, las historias pendientes de contar son innumerables, y que lleguen a contarse en algún dependerá de las decisiones que tome el Gobierno para que se asigne personal a los archivos. Es cierto que existen muchas historias emocionantes y necesarias ya contadas, relatadas en multitud de libros realizados con base en los fondos del Archivo Intermedio Militar Noroeste, y del resto de archivos del Ministerio de Defensa, pero queda mucho por contar y lo que ha sido contado puede recontarse desde otro punto de vista. Recuerdo que los archivos militares son archivos públicos a los que cualquier persona tiene derecho a acudir a consultar documentación original, y me gustaría animar a todo el mundo a utilizar los fondos documentales que el Ministerio de Defensa tiene disponibles para el público en diferentes ubicaciones.