HISTORIA DE LEÓN
Defensa publica los 9.667 represaliados leoneses
La página digital del archivo de Ferrol muestra los nombres y número de expedientes de los Consejos de Guerra de la provincia
Imágenes de algunas de las páginas del Consejo de Guerra de Gregoria Robles, que con 23 años fue denunciada por el jefe de la Falange en Valderas y condenada a muerte. Durante su proceso, el alférez que le defendió demostró que las denuncias eran falsas.
El Ministerio de Defensa publicó el lunes la lista de todos los Consejos de Guerra que tuvieron lugar en la provincia de León desde el comienzo de la contienda. En total son 9.667 procesos que pueden consultarse en la web del Archivo Intermedio Militar Noroeste en Ferrol.
La nómina de la represión no se limita a presos republicanos leoneses sino que incluye a gallegos, asturianos e incluso catalanes que fueron procesados y sentenciados en León y que, durante los juicios sumarísimos,estuvieron concentrados en algunos de los campos que se abrieron con tal fin en la provincia.
El catálogo publicado por Defensa está clasificado por orden alfabético, el lugar en el que se abrió la instrucción del Consejo de Guerra (León, Ponferrada, Astorga, La Valcueva, La Robla, Cacabelos, Valencia de Don Juan, Puebla de Lillo, La Vecilla, San Emiliano, Vega de Viejos, Villablino, Matallana de Torío, Villafranca del Bierzo y Villafeliz). el número de procedimiento y el año en el que comenzó el Consejo de Guerra.
Marco Antonio González, integrante de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, destaca que algunos de los procesos se prolongan incluso hasta los años sesenta debido al comienzo del éxodo migratorio. Necesitaban un certificado que diera fe de que ya habían cumplido su pena, con lo que hay procesos que tienen grapados legajos con los que poder trabajar en las empresas que les contrataban.
En el listado del fondo documental que corresponde a la provincia de León en el Archivo Militar del Ferrol figuran todo tipo de delitos, aunque priman sobremanera los de rebelión, evasión, desaparición de filas, adhesión a la rebelión, auxilio a huidos y encubrimiento. En el largo listado también hay algunos, los menos, por homicidios, robos o atracos.
En el Congreso se abrió el año pasado la posibilidad de anular muchos de estos juicios. Según han explicado fuentes de la dirección del Grupo Socialista al periódico digital Infolibre, existen posibilidades de un acuerdo con ERC que declararía «ilegales» los tribunales de excepción franquistas y por tanto, «nulas» todas las condenas que dictaron por razones políticas (no aquellas, por tanto, contra reos comunes).