Los editores piden actualizar la Ley de Propiedad Intelectual y el fin de las censuras previas

La adaptación a la legislación española de la Ley de Propiedad Intelectual y el fin de lo que consideran unas «censuras previas» que, bajo otros nombres, funcionan en algunas comunidades autónomas son algunas de las conclusiones que reclaman los editores que han asistido al cuarto Congreso de la Federación de Gremios de Editores de España. Este congreso, que ha sido clausurado por la consellera portavoz del Gobierno valenciano, Alicia de Miguel, ha reunido durante tres días en Valencia y con el lema «Editar para hoy, editar para el futuro» a 230 editores y 130 empresas editoriales para analizar la situación de un sector que el año 2001 produjo más de 67.000 títulos y generó unas ventas de 2.500 millones de euros. Mauricio Santos, presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE), explicó en nombre del congreso que la legislación española debe aprovechar la trasposición de la directiva europea para actualizar la ley de propiedad intelectual, de modo que acoja los derechos de los editores. El congreso pide asimismo, agregó, que sea respetada la libertad de creación y comunicación de los autores y editores por parte de las Administraciones Públicas, incluidas las educativas, de modo que desaparezca la «censura previa» para libros de enseñanza que tiene lugar en Cataluña, País Vasco, Canarias y Valencia con el nombre de «homologación, supervisión o aprobación». Entre las conclusiones, el congreso pide también mayor apoyo al Plan de Fomento de la Lectura durante más tiempo y en mayor número de sectores sociales, y la existencia en los centros de enseñanza de «tiempos y espacios reservados a los lectores» al margen de los que figuran en el currículo académico.