La Academia de la Historia pide que los grandes archivos sigan siendo estatales
La Academia de la Historia considera que el Gobierno debería garantizar que «la titularidad y gestión de los grandes archivos históricos generales continuará siempre a su cargo, como Gobierno que es de todos los españoles» y que se respetarán «sus actuales localizaciones». Esa es una de las conclusiones del informe que la Academia ha redactado y aprobado por unanimidad en respuesta a una petición de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, que requirió su opinión sobre el posible traslado a Cataluña de documentos incautados durante la Guerra Civil y que forman parte del Archivo General de esa contienda, con sede en Salamanca. Informe sobre Salamanca El informe, a cuyo contenido íntegro tuvo acceso Efe, aboga por el mantenimiento de la integridad del Archivo, como ya anunció ayer la consejera Silvia Clemente. En la última de sus conclusiones, de carácter más general, añade que «en este momento y circunstancias, como fundamento y parte de la política de protección a los archivos» sería oportuno que el Gobierno hiciese una declaración en la que garantizase que la titularidad de los grandes archivos históricos seguirá en manos de la Administración Central. La Academia aclara que se refiere especialmente a los archivos de la Corona de Aragón, en Barcelona; Simancas, en Valladolid; el de Indias, en Sevilla; y el Archivo Histórico Nacional de Madrid, además de los territoriales de las Reales Chancillerías de Valladolid y Granada. El informe de la Academia, acordado de forma unánime por todos sus miembros el pasado viernes, recuerda que ninguna administración pública había consultado a esa institución sobre la polémica de los llamados papeles de Salamanca y explica que, «pese a lo tardío del momento» -el Gobierno ya ha a anunciado su intención de devolverlos a Cataluña- considera que debe dar respuesta a la consulta planteada por la Junta de Castilla y León». Explica el informe que «lo hace en cumplimiento de su responsabilidad como institución dedicada al estudio de la Historia» y «al margen de cualquier toma de posición respecto al fundamento legal de la reclamación, al debate político y a las actuaciones que se están llevando a cabo». Los académicos consideran que es preferible «el mantenimiento de la integridad del Archivo General de la Guerra Civil».