En la justicia, la administración y la prensa

Además de indicar que las partes «se comprometen a eliminar, si aún no lo han hecho, toda distinción, exclusión, restricción o preferencia injustificada con respecto al uso de una lengua regional», la Carta obliga a salvaguardar su empleo en la justicia, «garantizando al acusado el derecho de expresarse en su lengua regional» y recurriendo, si fuera necesario, «a intérpretes y traductores». De la misma manera, la Carta vela por que el uso de cada idioma no sea prohibido en la Administración y a impulsar la aparición de revistas, periódicos y espacios de radio y TV en cada lengua.