Adjudican a Valladolid el inventario del patrimonio industrial de León
La Junta encarga el trabajo a la Fundación General de la universidad de esa provincia
El gran castillete minero del Pozo Ibarra, en Ciñera.
La provincia de León, cuyo patrimonio industrial es sin duda alguna el más extenso y complejo de la comunidad autónoma, es también la única provincia de la misma que aún no cuenta con un inventario completo de esos bienes. El pasado mes de mayo se conocía la decisión de la Junta de sacar a concurso público el registro y estudio exhaustivos del patrimonio industrial leonés.
Ahora se sabe que la adjudicación provisional de estos trabajos ha recaído sobre la Fundación General de la Universidad de Valladolid, perteneciente al sistema público de universidades, algo que ha causado, cuanto menos, estupor en el resto de empresas a concurso; empresas privadas profesionales, de estudios y consultoría, cuya subsistencia depende, en gran medida, de este tipo de encargos.
«Por lo menos es chocante, pero yo diría más, es poco tolerable que ese trabajo se lo encarguen a una empresa pública, o por lo menos que dependa del sistema público. No me parece ni ético ni estético -”se aseguraba a este periódico desde una de las empresas licitantes-”. Si lo que querían era precisamente eso, que lo hiciera una entidad pública, existen otras figuras, como los convenios, pero no un concurso, que está pensado para empresas privadas. Así no nos hubieran hecho perder el tiempo». «Supongo que será legal, que haya algún resquicio legal que lo permita, pero sin duda no es de recibo», continuaba este trabajador.
Al concurso se presentaron siete empresas: seis privadas y la pública que, al menos provisionalmente, realizará estos estudios. De las seis empresas, tres de ellas son leonesas.
«Una empresa tiene que pagar a sus trabajadores, los equipos, todo... mientras que una entidad pública, con comisiones de servicios o de otra manera, se nutre de fondos públicos», puntualizaba otro de los licitantes.
Y, en efecto, la propia Fundación General de la Universidad de Valladolid se define a sí misma como «una entidad sin ánimo de lucro, que tiene como misión colaborar en el desarrollo y gestión de aquellas actividades que contribuyan a la mejora y promoción de la docencia y de la investigación». Ni rastro de competir en el sector privado.
Es más, según una de las empresas licitantes, la oferta de la Fundación General resultó «la segunda más cara de las siete presentadas».
El presupuesto de los trabajos ronda los 100.000 euros. La última provincia de la comunidad en completar el inventario de su patrimonio histórico industrial fue la de Burgos, para el cual la Junta otorgó un total de 40.000 euros. Los grandes molinos riberanos, las ferrerías bercianas, los molinos rastreros de los altos valles y el enorme patrimonio siderúrgico, minero y ferroviario dibujan un paisaje muy nutrido. Una vez que se hayan catalogado todos estos edificios y construcciones podrán entonces protegerse como es debido, ya que se establecerán a partir de ese momento una serie de niveles de protección que impidan, si es el caso, su derribo, o que aconsejen las funciones a las que podrían estar destinados.