Una condena de 600.000 euros

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León condenó al Ayuntamiento de León a pagar 540.910 euros, más las costas penales durante los últimos cinco años (los comprendidos entre 2005 y 2010), con lo que la suma total se eleva por encima de los 600.000 euros (más de 100 millones de pesetas), a la empresa Summi Global Events por incumplimiento del contrato firmado por ambas partes al no organizar dos de las tres ediciones selladas (2005 y 2006) del Máster Nacional de Tenis que debían haberse disputado en la ciudad leonesa.

León se comprometió a organizar esta competición de tenis de primer nivel, que se había jugado en las tres ediciones anteriores en Valladolid, con un coste aprobado en cada una de ellas de 627.455 euros (casi 105 millones de pesetas). En la única edición celebrada en León (Palacio de Deportes) entre los días 10 y 12 de diciembre de 2004 contó con el sustento económico de Agelco, que aportó para la disputa del evento deportivo la cifra de 300.000 euros (50 millones de pesetas).

Bajo el primer mandato del actual alcalde, Francisco Fernández (PSOE), tuvo lugar la primera y única edición del torneo (año 2004), de las tres firmadas. Compitieron en León las mejores raquetas del tenis nacional, pocos días después de conquistar España la segunda Copa Davis, con la presencia de Rafael Nadal, vencedor final, Fernando Verdasco, Carlos Moyá, Feliciano López, David Sánchez y Albert Costa. El campeonato de exhibición convirtió a la capital leonesa «en epicentro del tenis por su seguimiento mediático», indicó la concejala de Deportes del Ayuntamiento de León, Natalia Rodríguez Picallo.

La moción de censura aprobada días antes de la disputa del torneo (día 3 de diciembre de 2004) por el Partido Popular (PP) con el apoyo de dos ex concejales de la UPL, José María Rodríguez de Francisco, nombrado a continuación concejal de Deportes, y Covadonga Soto, llevó de nuevo a la alcaldía al popular Mario Amilivia.

El Máster Nacional de tenis ya no volvería a organizarse e incluso los nuevos responsables municipales llevaron a instar a la Fiscalía para que actuara de oficio por un presunto delito de prevaricación por parte del alcalde socialista, Francisco Fernández, y sus socios entonces de gobierno, que finalmente archivo la causa.

La sentencia firme, contra la que no cabe recurso de casación, condena además al Ayuntamiento de León al pago de las costas penales correspondientes por un periodo de cinco año en concepto de daños y perjuicios.