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¿Alzamiento de bienes?
Los propietarios de la Cultural preparan la liquidación de la sociedad al empeñarse en entregársela a Baena si hoy lo consiente el notario y después lo aprueba la Junta extraordinaria de la Cultural
La junta general de accionistas de Profutle podría suponer el principio del fin para la Cultural.
La agonía de la Cultural podría conducir en un futuro muy próximo a un delito de alzamiento de bienes, tipificado en el Código Penal.
El alzamiento de bienes es un hecho delictivo consistente en que una persona física o jurídica oculta o transfiere todos o parte de sus bienes que estaban destinados a responder ante sus acreedores como medio de pago de alguna deuda, o bien finge o propicia su insolvencia patrimonial para eludir sus responsabilidades como deudor. Para que se considere que existe delito de alzamiento de bienes no es necesario que las deudas estén ya vencidas, sino que puede tratarse de deudas a pagar en el futuro y que no lo podrán ser si se ocultan los bienes en el presente. Algunos modos de realización del alzamiento de bienes son la venta de algún bien que inminentemente sabemos que va a ser embargado o el cambio de titularidad de bienes propios hacia otra empresa o empresario de confianza (testaferro).
Los actuales propietarios de la sociedad anónima deportiva preparan la liquidación de la entidad. Si hoy se la entregan en bandeja y gratis al que dice ser propietario del club desde hace dos meses, con el consentimiento del notario que el miércoles lo impidió al cerciorarse de la existencia de graves defectos legales para rubricar una compraventa que no es tal, supondrá el principio del fin para la sociedad anónima deportiva.
Domingo Cueto y Antonio García de Celis, presidentes de la Cultural y de Profutle, no quieren hacer frente a los pagos aprobados por el concurso de acreedores. No lo reconocen públicamente, pero advierten que la única solución pasa por disolver el club, que es lo mismo que entregárselo al que se autoproclama propietario de la entidad leonesa desde hace dos meses.
La sociedad en estos momentos es insolvente, el consejo está inhabilitado, pendiente del recurso interpuesto, y cualquier acreedor puede pedir la disolución de la Cultural ante el riesgo que existe para poder cobrar las cantidades debidas por el club a distintos organismos y particulares. El convenio concursal está incumplido en sus dos primeros plazos. El segundo venció a finales del pasado mes de abril.
La situación es crítica. Sólo una maniobra milagrosa que atraiga a algún empresario, o grupo inversor, interesado en el proyecto deportivo de la Cultural, podría ser la tabla de salvación que todavía espera toda la ciudad de León, para que un club con casi un siglo de vida y seña de identidad de una tierra siga siendo el sentimiento de todos los leoneses.
Para que la Cultural permanezca con vida, hay que poner sobre la mesa 820.000 euros adeudados de la temporada que finalizó a mediados de mayo. Además, debe afrontar en cinco años la deuda de otros dos millones de euros. La suma total se acerca a los tres millones de euros, que necesitarán de una esfuerzo aún mayor para crear el presupuesto de las próximas campañas.
En suma, los propietarios de la Cultural preparan la liquidación de la sociedad al empeñarse en entregársela a Javier Baena si hoy lo consiente el notario y después lo aprueba la Junta extraordinaria de Profutle.
Los que todavía aparecen como dueños de Cultural prefieren entregarse a Baena y desprenderse del paquete accionarial cuanto antes, como si esto les eximiera de cualquier responsabilidad. Si el que dice ser propietario del club no es capaz de encontrar el dinero suficiente con el que hacer frente a la deuda reconocida en el concurso de acreedores, Cueto y De Celis podrían resultar culpables si se demostrara que la transmisión de la propiedad se realizó a sabiendas de que el comprador no tenía la solvencia necesaria para afrontar el pago de las cantidades debidas, como ha reconocido en varias manifestaciones antes de entregarle con lazo incluido a la Cultural.