Entre verdades y mentiras

Se recrudece la guerra abierta entre la Federación Española de Fútbol (FEF) y el Consejo Superior de Deportes (CSD). Sólo tres días después de haber ofrecido «diálogo con el Gobierno» y de que la Administración celebrase «el cambio de actitud» del organismo que preside Ángel Villar, la FEF dio ayer un paso más hacia el desencuentro definitivo al acusar al secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, de mentir e incurrir en un «abuso de derecho y de poder». «Miguel Cardenal no dice la verdad», fue el contundente ataque de la FEF a través de un duro comunicado en el que también se pregunta con sorna, reclamando la destitución del secretario de Estado: «¿Dónde está el Sr. ministro de Cultura, Educación y Deporte?».

La Federación Española considera que Cardenal «ha utilizado y utiliza de forma torticera los datos de la auditoría (del ejercicio de 2013), comunicando y filtrando con mala intención y ánimo de perjudicar gravemente la imagen de la FEF y, en consecuencia, del fútbol español». Después de que el secretario de Estado y presidente del CSD afirmase que Villar se niega a someterse a una auditoría de las cuentas, la FEF insiste en que este organismo «ha cumplido siempre con la Ley del Deporte de manera escrupulosa» y en que los técnicos enviados por el CSD ya reflejaron en su momento que las subvenciones públicas estaban justificadas.

«Queremos hacer constar que el dinero público recibido tiene destino finalista y obran en nuestro poder todas las certificaciones de uso», se defiende la FEF, que también denuncia una presunta conexión (supuesto tráfico de influencias) de Miguel Cardenal con la auditora BDO. «En relación a esta empresa, nos surgen algunas dudas en relación a su cercanía con la presidencia del CSD», subraya el órgano federativo que la pasada semana incluso amenazó con paralizar las competiciones de base y la Copa si el Gobierno no pone fin al «intervencionismo desmesurado» de la Administración en asociaciones privadas.

También estima la FEF que la revisión de la auditoría ordenada por el organismo presidido por Cardenal es «innecesaria, improcedente y abusiva».