Las cámaras de las nuevas peatonales en León no multan a la espera del fallo del TSJ

Las cámaras de lectura de matrículas colocadas para multar en las nuevas calles peatonales del Ensanche están encendidas, pero «no se han tramitado sanciones al no estar activas a tal fin», como reconoce por primera vez el equipo de gobierno. Cuando se va a cumplir justo un año desde la entrada en vigor de la nueva ordenanza que ampara la Zona de Bajas Emisiones, el Ayuntamiento de León, después de tres intentonas previas de poner en funcionamiento los dispositivos, ha optado al fin por la prudencia ante la posibilidad de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) anule la normativa y tengan que devolver las sanciones de 80 euros por entrar sin autorización en San Agustín, Alfonso V, Gil y Carrasco, Fuero y Ramiro Valbuena.

El freno impuesto de manera tácita, como admitió el equipo de gobierno en la última comisión informativa de Seguridad y Movilidad, atiende al recurso presentado por la asociación Liberum, nacida durante el covid, cuando comenzó a acudir a la justicia para intentar bloquear las medidas de confinamiento y el uso de las mascarillas. El colectivo, que después derivó en otras acciones ante los tribunales como el caso de la mujer de Pedro Sánchez o el accidente ferroviario de Adamuz, mantiene la pugna por desmontar la Zona de Bajas Emisiones de León, al igual que ha hecho en diferentes ciudades de España.

La resolución del TSJ se fija ahora como nuevo plazo para poner en funcionamiento las cámaras de multar dentro del entorno de «prioridad peatonal» que, de acuerdo a la ordenanza, abarca a Alfonso V, San Agustín, Gil y Carrasco, Alférez Provisional, Alcázar de Toledo (entre San Agustín y plaza de La Inmaculada), Villabenavente (entre Arquitecto Torbado y Burgo Nuevo), Fuero, Arco de Ánimas, Ramiro Valbuena, Carreras, Cubos, Pelayuelo y Pontón. Al margen queda Ordoño, donde sí se sanciona porque viene de una regulación anterior. Aunque, pese a que el dictamen judicial sea favorable, todo dependerá de que el equipo de gobierno, más si cabe con las elecciones municipales de mayo de 2027, active los dispositivos de manera efectiva.

No lo ha hecho las tres veces anteriores. El primer rehúso se remonta al 1 de marzo de 2025, cuando tras anunciarlo desde la Policía Local, la revuelta de los vecinos por la falta de tramitación de las autorizaciones pospuso la puesta en funcionamiento para el 1 de junio de ese mismo año. Pero, entonces, tampoco se hizo, sino que se dio una nueva moratoria que quedó en nada por el auto del TSJ que, como respuesta al recursos del PP y de manera cautelar, ordenaba paralizar la peatonalización, que se había aprobado por decreto de Alcaldía.

El equipo de gobierno lo resolvió con la aprobación de la nueva ordenanza, frente a la que los populares ya no presentaron recurso. La normativa entró en vigor el 7 de noviembre. Aunque tampoco en ese momento se empezó a multar con las cámaras porque, ocho meses después del primer plazo, no se había conseguido tramitar todas las autorizaciones solicitadas, que se emplazaban para marzo.

Ahora ya están todas, como reconoció el equipo de gobierno en la última comisión informativa ante una pregunta del PP. La respuesta detalla que se han tramitado y notificado 2.985 permisos: 136 de residentes; 2.656 de garajes; 91 de carga y descarga; 21 de mayores de 65 años; 19 de personas con discapacidad; 27 de acceso a segunda vivienda y 35 de establecimientos. Pero «no se han tramitado sanciones al no estar activas a tal fin las cámaras», como se apostilla.