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El CSD exige a Villar acatar la ley

Dos funcionarios recogen en la Ciudad del Fútbol documentación de los casos Recreativo y Marino w Si hay alguna irregularidad, el presidente será inhabilitado.

Fernando Puig de la Bellacasa, miembro del Control Financiero del CSD, sale de la Ciudad del Fútbol. A. DÍAZ

Fernando Puig de la Bellacasa, miembro del Control Financiero del CSD, sale de la Ciudad del Fútbol. A. DÍAZ

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RODRIGO ERRASTI | MADRID

El Consejo Superior de Deportes (CSD) decidió ejecutar su vigilancia a Angel María Villar, que está viviendo sus horas más complicadas al frente de la Federación Española de Fútbol (FEF), donde lleva 28 años. Como había anunciado el secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, dos funcionarios del CSD, entre ellos el subdirector general de Control Financiero, Fernando Puig de la Bellacasa, se presentaron en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para recoger las copias del libro mayor de la cuenta RC Recreativo de Huelva y del libro mayor de la cuenta Banco e Instituciones de Crédito.

El CSD explica que la petición de esos documentos se fundamenta en el artículo 43a de la Ley del Deporte, que faculta al CSD, «con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la funciones encomendadas a las federaciones deportivas españolas (...), a inspeccionar los libros y documentos oficiales y reglamentarios». Hace ya dos semanas que el CSD pidió a la FEF esos documentos con los apuntes contables y los movimientos bancarios para comprobar las entradas y salidas de dinero de la Federación. Sin embargo, el organismo que preside Villar, que debería haber mandado esa documentación por correo, aún no se la había hecho llegar al CSD pese a las diferentes moratorias que se le han concedido desde hace dos semanas. «La documentación que le hemos pedido es muy sencilla. Han pasado muchos días y me parece razonable que se cumpla ese requerimiento», indicó Cardenal el martes, horas antes de la visita de los funcionarios.

El CSD reitera que la investigación abierta busca aclarar si es cierto que la FEF prestó dinero de manera irregular al Recreativo y al Marino para que el club onubense pudiera hacer frente a unas deudas y no sufrir un descenso administrativo. El Recreativo, dirigido en 2015 por José Luis Oltra, y su cuerpo técnico, recibieron 200.000 euros que se les adeudaban a través del Comité de Entrenadores, dependiente de la Federación. En el caso de que la documentación arroje alguna irregularidad, ya que la FEF no oculta que se ayudó a ambos clubes, el caso podría llevar a Villar a la inhabilitación por administración desleal, malversación de fondos y daños y perjuicios a terceros clubes. La suspensión para ejercer su cargo podría ser por un período mínimo de dos años, lo que le impediría presentarse a las elecciones a la presidencia del próximo 22 de abril.

Miguel Cardenal afirmó que el Gobierno «no cederá» ante ninguna amenaza de la Fifa por una presunta injerencia gubernamental. «Nos amenazaron con excluirnos y el Gobierno estuvo sujeto a la legalidad española. En mayo recibí cartas de Fifa amenazando con que España no iría a la Eurocopa. El Gobierno no cede a presiones y amenazas injustificadas. Si se diera esa hipótesis, por supuesto que la respuesta sería la misma», manifestó Cardenal. Para Cardenal, «hay unos documentos en prensa que son muy graves». «Hay que ser imparcial. Las competiciones son oficiales y la Federación debe cumplir sus propios reglamentos, y esto se está cuestionando. Si se corresponde la realidad con lo publicado, hay que escuchar las explicaciones», comentó sobre si Villar podría ser inhabilitado por las consecuencias de este proceso.

El caso del baloncesto Asimismo, Cardenal negó que la investigación sobre las cuentas de la Federación Española de Baloncesto (FEB) haya sido «silenciosa», pues el CSD ha ido informando de los pasos que ha dado, incluida una auditoría. «La diferencia es que la FEB ha facilitado todo. Las alegaciones las ha presentado la FEB, firmada por su presidente, y no hay indicio para dudar de su colaboración. Hemos pedido la documentación de los últimos cuatro años y la han presentado. Los casos de la FEF y la FEB son radicalmente distintos. En un plazo de dos semanas terminará la auditoría a Pepe Sáez y tendremos elementos para juzgar su caso», explicó el secretario de Estado.

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