El Consejo Provincial debate las modificaciones a la Ley de Caza

Una vez finalizada la temporada de caza menor, el pasado miércoles, día 26 de enero, se reunió el Consejo Provincial de Caza, órgano meramente consultivo formado por los principales colectivos implicados en el mundo cinegético. Además de los representantes de la Junta de Castilla y León en el Consejo están representadas las asociaciones de caza dores, cotos de caza, Federación, Universidad, Guardia Civil y asociaciones ecologistas. El presidente del Consejo es el delegado territorial de la Junta y, en su ausencia, el jefe del Servicio del Medio Natural, José Luis Blanco, que fue quien, en esta ocasión, lo presidió. Entre los asuntos tratados, dos revestían especial importancia pues suponían importantes modificaciones al articulado de la Ley de Caza de Castilla y León vigente desde su aprobación en 1.996. El primero de ellos suponía la modificación del artículo 21.9 que se refiere a las superficies mínimas para constituir cotos de caza. En su redacción actual se establece un mínimo de 500 hectáreas para los cotos de caza menor y de 1000 para los de caza mayor siempre que los terrenos pertenezcan a varios propietarios ya que, si se trata de un solo propietario, la superficie se reduce a la mitad. La propuesta de modificación reducía a 250 hectáreas la menor y 500 la mayor independientemente de que se trate de uno o de varios propietarios. Tras un animado debate la propuesta fue rechazada ya que en ambos casos se consideró que un coto de caza no debe ser muy pequeño, ya que no garantizaría la pervivencia en él de una fauna cinegética propia. Un bando de perdices podría tras dos vuelos salirse del acotado. Sí se aprobó, sin embargo, una modificación en el sentido de exigir 500 y 1000 hectáreas respectivamente tanto si se trate de un único o de varios propietarios. Cotos intensivos Estos espacios están destinados a la caza de animales criados en semilibertad que han sido soltados previamente. La demanda de este tipo de caza es creciente, especialmente cuando finaliza la temporada ordinaria, y origina una interesante actividad económica tanto para las empresas que administran estos terrenos como para las granjas cinegéticas que crían las piezas de caza. Tiene en su contra el hecho de que un alto porcentaje de las piezas soltadas quedan en el campo al no ser abatidas y, aunque la mayoría son eliminadas por los depredadores, alguna puede entrar en contacto con animales salvaj es a los que pueden transmitir epizootias o cruzarse con ellos reduciendo su pureza genética. La legislación en este sentido tiende a ser restrictiva aun a sabiendas de la gran demanda que genera. Los artículos de la nomativa referidos a los cotos intensivos han sido desarrollados por el decreto 13-06-96 referido a la «Expedición y suelta de piezas de caza viva y las zonas de entrenamiento de los perros en Castilla y León». Según el mencionado decreto tan sólo pueden soltarse determinadas aves como faisanes, perdices, codornices y colines de Virginia. La modificación suponía la posible suelta de cualquier especie cazable, entre ellas las de «pelo» como conejos y liebres. Además la ley establece que los cotos intensivos deben tener un mínimo de 100 hectáreas por cuartel y establecer un límite de 2.000 metros a los cotos colindantes. La propuesta, rechazada por unanimidad, establecía 50 hectáreas como mínimo y una franja de 100 metros a los cotos colindantes. De haberse aprobado la propuesta, cualquier coto actual podría convertirse en intensivo sin ningún problema. En definitiva, este tipo de acotados deberá seguir como está a pesar de las evidentes presiones que las empresas y las granjas cinegéticas están realizando sobre la Consejería de Medio Ambiente.