Cambios en viudedad y en despidos

Otros cambios recogidos en el documento apuestan por extender la obligación de cotizar a los becarios de postgrado, y a todas las empleadas de hogar sea cual sea su periodo de trabajo; reflexionar sobre si algunas bonificaciones para el fomento de la contratación deben ser financiadas por la Seguridad Social; y revisar los pagos de los autónomos. En relación con la viudedad, plantea cambiarla por una indemnización en pago único o por una prestación temporal en determinados supuestos, con mejora para aquellas personas que vivan exclusivamente de esta pensión. Y sobre la orfandad se inclina por establecer «un valor determinado de prestación» con independencia de las circunstancias familiares.

El Gobierno, preocupado por la masiva expulsión de los trabajadores antiguos del mercado laboral, también aboga por sancionar a las empresas que realicen esas prácticas. Por un lado, pretende limitar los despidos de los más mayores en compañías con beneficios y, por otro, hacerlas participes de los gastos del proceso. Igualmente pretende incrementar «paulatinamente» la edad legal mínima de 52 años para la prejubilación.

Y sobre la incapacidad, el Ejecutivo se muestra partidario de que los médicos definan las situaciones de altas y bajas en la enfermedad común, bajo el control de los inspectores médicos y de la Seguridad Social, sin que esto sea un obstáculo a otros controles. El Gobierno no ve razonable que trabajos de sólo una parte de la vida den pensiones vitalicias ni que prestaciones de incapacidad se compaginen con el trabajo.