La Ceoe pide rebajar las cotizaciones a costa del fondo de reserva de pensiones
CC.OO. y UGT no apoyan la iniciativa de la patronal y abogan porque el sistema de retribuciones esté garantizado, incluso con prestaciones del Estado llegado el caso
El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán.
La Ceoe plantea rebajar las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social con cargo al fondo de reserva de las pensiones, cuyo montante sobrepasa los 60.000 millones de euros. Argumenta que ese dinero procede de una «sobreaportación» de las compañías y justo es que vuelva a su origen. Así, lo explicó Francisco Avendaño, miembro de la comisión de Relaciones Laborales de la gran patronal, quien insistió en que la reducción de cotizaciones sería «una ayuda» para frenar el desempleo y facilitar el desarrollo de las empresas.
El fondo de reserva fue creado al amparo de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. Su misión es afrontar el pago de las pensiones públicas en momentos de declive económico o de problemas financieros de la Seguridad Social, situación que todavía no se ha dado, puesto que el Departamento que dirige el secretario de Estado, Octavio Granado, terminó el 2009 con 8.500 millones de superávit.
Las declaraciones de Avendaño tuvieron lugar en un almuerzo organizado por el Club Siglo XXI para debatir sobre la reforma de pensiones que se avecina. En el foro participó también Carlos Bravo, de CC.OO. que resaltó la «incongruencia» que supone reducir las aportaciones sociales. Señaló que cálculos de su sindicato reflejan que un punto menos de cuotas supone 3.000 millones de euros. Para recuperar este ingreso serían necesarios 530.000 empleos, mientras que el ahorro anual de los empresarios (en término medio) se limitaría a 200 euros al año.
Otros ponentes fueron los diputados Isabel López i Chamosa, del PSOE, y Tomás Burgos, del PP, y la responsable de Seguridad Social, de UGT, Carmen López. Esta última remarcó que la supervivencia de las pensiones públicas «tiene que estar garantizada, llegado el caso, con prestaciones del Estado». En su opinión, las cotizaciones sociales no son propiedad de los empresarios, sino «salario diferido» de los trabajadores.
Burgos dejó claro que su grupo rechaza el retraso de la edad de jubilación a la edad de 67 años. Expuso que el debate sobre las pensiones es muy amplio y el alargar la vida laboral es solo uno de los elementos afectados. «Hay que remover todos los obstáculos para alcanzar libertad en la jubilación, es decir, acabar con la obligatoriedad que, por ejemplo, ahora tienen los funcionarios o los trabajadores sujetos a determinados convenios», dijo.
López i Chamosa defendió, junto con Avendaño, la jubilación a los 67 años, pero aseguró que lo importante será llegar a una reforma por consenso. Apuntó la conveniencia de tener en cuenta que la perspectiva de cobrar la pensión ha pasado de seis u ocho años en 1967 a casi 20 y que la esperanza de vida más allá de los 65 años está en 20,6 para las mujeres y en 17 para los hombres. Además, «cada vez que pasan 10 años se registra un aumento de un año», concluyó.