La rebaja de la calificación de la deuda de EE.UU. desata el temor a otra recesión

La fuerte incertidumbre derivada del débil acuerdo sobre el techo de la deuda estadounidense que esta semana arrastró a los mercados con una virulencia no vista desde los peores momentos de la Gran Recesión culminó el viernes con un varapalo monumental: la superpotencia perdía la categoría de país más solvente del mundo a ojos de la agencia de calificación Standard & Poor, esa AAA que le ha otorgado una posición dominante durante más de 70 años como uno de los referentes más seguros para los inversores.

La compañía, situada entre las tres más influyentes junto con Moody’ y Fitch, basó su decisión de degradar la nota de la deuda norteamericana al nivel AA+ en el limitado impacto de las medidas adoptadas para contener el gigantesco déficit público si bien los pasajes más severos de su análisis tienen que ver con su lectura política de la situación.

Tanto el desempeño de los líderes como la guerra abierta escenificada por demócratas y republicanos a lo largo de siete meses han reducido su confianza en la capacidad del Gobierno de manejar sus finanzas. La rebaja de la calificación es un reflejo de que «la eficacia, estabilidad y previsibilidad de las instituciones del país se ha debilitado en un momento de grandes retos en el campo fiscal y económico», acusa S&P en su informe.

Por dar prioridad en su análisis al agrio debate entre los partidos, la agencia de ‘rating’ ha recibido en varias ocasiones duras críticas de la Casa Blanca. El máximo responsable de S&P, David Beers, se defiende con el argumento de que se han utilizado las mismas herramientas con las que se evalúa la marcha de otras economías. «Nos tomamos nuestras responsabilidad muy en serio, y si al final de nuestros análisis el comité concluye que una calificación no está donde creemos que debería estar, es nuestro deber tomar esa decisión», declaró a la agencia Reuters el ejecutivo.

A la espera de lo que dictaminen los mercados el lunes, la reducción de la nota puede conducir a los inversores a demandar al Gobierno Federal el pago de tipos de interés más altos, lo que elevará la factura que han de abonar por financiarse otras administraciones, las empresas y los consumidores. Algunos economistas estiman que el posible sobrecoste solo para las arcas nacionales sería de unos 70.000 millones de dólares al año. Muchos analistas, sin embargo, anticipan que el impacto podría ser modesto, en parte porque Moody’s y Fitch han decidido no aplicar ninguna rebaja de momento. Lo que parece claro es que de no mediar una reacción de los grupos de poder en Washington los males podrían sucederse uno tras otro y con una intensidad tal que nadie descarta el estallido de una nueva recesión.