La crisis rebaja a un 37% el número de españoles que justifica el fraude fiscal

La crisis despierta una adormecida conciencia cívica, seguramente por el aumento de la necesidad de hacer uso de las prestaciones y servicios públicos. En el 2010, el 37% de los ciudadanos encuestados por el Instituto de Estudios Fiscales en su Barómetro anual justificaba el fraude tributario cuando, en la misma consulta, ese porcentaje se elevaba al 43% —cinco puntos más— un año antes. En la última encuesta, solo un 21% opina que las circunstancias económicas pueden llevar a incumplir los deberes fiscales «porque a veces es necesario trampear para salir adelante». En el 2007, el último año de bonanza, se elevaba a un 41% la proporción de consultados que veía lógico que los contribuyentes engañaran al Fisco si se veían movidos a hacerlo por causas económicas, un porcentaje que descendió al 34% en el 2009, en momentos en que la economía española se sumió en la recesión.

Ahora triunfa la idea de que se defrauda sobre todo «por falta de honradez y conciencia cívica», una causa que citan el 47% de los consultados. Puesto que la pregunta admite respuestas múltiples, también abunda la opinión de que «los actuales impuestos son excesivos» (32%) y de que «no es eficaz la lucha contra el fraude» (30%). Si se echa la vista atrás, un 66% de los encuestados opina que el fraude fiscal ha aumentado en los diez últimos años. Eliminado el efecto de la falta de respuestas, esa proporción casi alcanza a tres de cada cuatro ciudadanos que contestan, al ascender al 72% de este colectivo, frente al 75% que representaba en el 2009 con ese mismo criterio de cómputo. Y aunque la continuidad de las vacas flacas mejora muy ligeramente la idea que los contribuyentes tienen de la honestidad tributaria de sus conciudadanos en el último ejercicio, las respuestas revelan que el incumplimiento no es precisamente voluntario: obedece, sobre todo, a las retenciones salariales y al control ejercido por la inspección de Hacienda. En la nueva consulta la proporción de españoles que consideran el fraude fiscal una práctica generalizada se sitúa en el 41%.