La UE busca diseñar una nueva zona euro marcada por la disciplina fiscal

A lo largo de este año, la UE se ha enfrentado a todo un elenco de cumbres históricas para intentar desactivar la crisis de la deuda. Hasta ahora, el resultado siempre ha sido el mismo. Los acuerdos, cada vez de mayor envergadura por la presión de los mercados, se quedaban pequeños al cabo de unos días y las turbulencias se cebaban con la zona euro con todavía más saña.

Hoy, los Veintisiete vuelven a la carga con una estrategia distinta. Intentarán reforzar de forma definitiva el fondo de rescate para proteger a los socios más acosados, pero también buscarán un pacto a largo plazo mediante la reforma del Tratado de Lisboa —el corazón legal de la Unión— para proclamar que la moneda única jamás se derrumbará. El objetivo final de la cumbre, que arrancó en la noche de ayer con una cena de trabajo de todos los presidentes, es «impresionar» a los mercados y a todos los actores —agencias de rating, por ejemplo— que influyen en su funcionamiento.

Según fuentes comunitarias, la posibilidad de deslumbrar a los inversores pasa por lograr un acuerdo «sustancial, de aplicación rápida y que ofrezca seguridad». Los socios comunitarios también buscan indisimuladamente contentar al BCE, considerada la pieza clave del engranaje europeo para defender a los países que, como España, sufren al emitir su deuda. El supervisor del euro, muy celoso de su independencia, prometió actuar si los gobiernos forjan un pacto de garantías.

Por unanimidad. En sintonía con una de las peticiones centrales de Francia y Alemania, Van Rompuy explicará que la adopción de la regla de oro a escala europea es relativamente sencilla. Aprobada por España el pasado verano, consiste en consagrar en la Constitución la obligación de respetar el equilibrio presupuestario —déficit prácticamente cero o con una mínima desviación— en las cuentas públicas. Para que la exigencia se haga extensiva a todos los socios, lo único que se requiere es que los Veintisiete lo respalden por unanimidad. La segunda gran apuesta tanto del eje franco-alemán como de Van Rompuy consiste en convertir en automáticas las sanciones a los países que incumplan el límite de déficit, establecido actualmente en el 3%, pero que podría variar en el futuro con la aplicación de la regla de oro. La propuesta persigue que un socio sea castigado directamente —las multas ascienden a un 0,2% del PIB, 2.000 millones en el caso de España— salvo que el resto de miembros voten para evitarlo.