El Gobierno ya ha diseñado el armazón de su reforma laboral

Superado el ultimátum concedido a patronal y sindicatos para apurar la negociación en busca de un pacto laboral amplio, que no ha dado fruto alguno, el Gobierno trabaja ya en la redacción de la que será su reforma. Y lo hace con unos mimbres claros, las 71 enmiendas que el PP presentó al último cambio legislativo realizado por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero. El objetivo, según varios miembros del gabinete Rajoy, es orientar la normativa para facilitar no el despido sino la contratación al tiempo que se impulsa la flexibilidad interna de las empresas y el empleo estable.

El propio Mariano Rajoy explicó ayer lunes que el giro regulatorio se hará «pronto», y volvió a realizar un llamamiento a patronos y sindicatos para que todos «remen en la misma dirección», la de la creación de empleo. Rajoy confirmó la importancia de esas 71 enmiendas que, sin embargo, no se trasladarán a la nueva regulación sin más, pues habrá que actualizarlas y encajarlas de la mejor manera posible en la situación macroeconómica actual. En aquella labor de oposición al PSOE, el partido hoy en el Gobierno abogó por potenciar el contrato de fomento del empleo (con 33 días de despido) flexibilizando los requisitos para su aplicación mediante, por ejemplo, la eliminación de la exigencia de que el empleado en cuestión esté tres meses en el paro antes de rubricar su contrato (en su día, el PP habló de 15 días) La cuestión, y a eso también se refirió el lunes el titular de Industria, José Manuel Soria, es facilitar al máximo el empleo estable.

Otras de las ideas que el PP manejó en su día fueron los de agilizar la revisión de los convenios colectivos sin necesidad de denuncia previa o el favorecimiento del descuelgue a través de un acuerdo empresa-trabajadres. En su día, los populares se mostraron en contra de las huelgas o los conflictos colectivos que pretendieran alterar lo pactado en los convenios mientras perdurara su vigencia, y a favor de simplificar la contratación y la negociación colectiva. Como también aplaudieron la posibilidad de que la empresa tuviera más margen de maniobra a la hora de plantear suspensiones temporales de contrato o un manejo más flexible de la jornada si el contexto de la firma se deterioraba de forma notable para, se dijo en su día, que el despido sea «el último recurso». La regulación del tele-trabajo, citada estos días por Báñez, es otra de las apuestas del Gobierno. Desde CCOO, su secretario general, Ignacio Fernández Toxo, reclamó en declaraciones a Telecinco que el Gobierno convoque cuanto antes a los agentes sociales y les explique qué reforma quiere exactamente.