Ventajas fiscales para la banca que aplace los desahucios a los parados
De Guindos invita a las entidades a aceptar la dación en pago para cancelar la hipoteca.
El Gobierno da un paso al frente y abre, por fin, la ‘caja de los truenos’ del mercado hipotecario: la dación en pago. La entrega de la vivienda como forma de saldar toda la deuda pendiente ha sido una de las grandes reivindicaciones del Movimiento 15M.
El Ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, explicó ayer en el Congreso de los Diputados que el Ejecutivo prepara una batería de medidas —algunas legislativas— para tratar de dulcificar la pérdida del piso a aquellas personas más desfavorecidas.
En realidad se trata de una mera invitación a cajas y bancos para que se acojan a un Código de Buenas Prácticas con el que el Ejecutivo intentará que los inmuebles adjudicados se subasten siempre al mejor precio posible y que el desamparo de los embargados sea algo más llevadero, incluso a través de periodos de ‘gracia’ durante los cuales poder vivir de alquiler en la finca ya perdida.
Para atraer a las entidades financieras a este programa, De Guindos les ha prometido ventajas fiscales. La confederación de Cajas de Ahorros (Cece) mostró su «disposición a colaborar» con el Gobierno pero dejó claro que la dación en pago «ya existe» en España. En efecto, la Ley Hipotecaria recoge esta figura que nadie la utiliza, pues conlleva siempre unos intereses muy altos o un volumen de dinero prestado muy bajo.
Nada de magia. El propio De Guindos reconoció este contratiempo: «cuidado, no es la solución mágica». Y explicó que su estrategia se refiere única y exclusivamente a las familias en condiciones más penosas. «Es una medida de excepción, pero para los que la vivienda es su único activo pedirles más es excesivo», dijo.
«Si perder el empleo es una situación tremenda, perder la vivienda cuando se está en paro es algo tremendo», reconoció el ministro. De Guindos explicó que lo primero que hará el Gobierno es definir lo que llamó «el umbral de exclusión social», que lo conformarán aquellas familias con todos sus miembros en paro (con unos ingresos aún por determinar) cuya vivienda objeto de ejecución hipotecaria sea la primera y única. Ellos son los destinatarios de esta propuesta.
Para evitar fraudes, el ministro aclaró que se prestará especial atención a la hora de conceder este estatus. Además, se promoverá la mejora de los procesos de ejecución de las garantías hipotecarias mediante el impulso a operaciones extrajudiciales, la creación de una base de datos nacional o la posibilidad de que las ventas se hagan ‘on line’. Algo que requerirá la colaboración del Ministerio de Justicia.
Sobre la dación en pago, Economía pretende que la familia afectada pueda permanecer en el piso en régimen de alquiler (pagando una renta al banco) durante un periodo de dos años, prorrogable en algunas circunstancias. El incentivo, añadió el Ministerio, sería la posibilidad de incluir como gasto fiscalmente deducible las eventuales pérdidas en las que hubiera incurrido el banco o caja en cuestión.