El Gobierno aprobará hoy un plan para que los proveedores cobren de las administraciones

La ofensiva que ha lanzado esta semana el Gobierno con medidas para evitar desahucios a familias con todos sus miembros en paro y con un plan para pagar a los proveedores las facturas que les deben ayuntamientos y autonomías encajan con la estrategia del Ejecutivo de paliar con buenas noticias la fuerte contestación social contra la reforma laboral.

Son dos buenas noticias en medio de un mar de negra realidad y peores augurios que permiten al Gobierno presentarse como quien da una de cal y otra de arena. «Le ha pasado a IU por la izquierda», decían en el PP el miércoles cuando el ministro de Economía, Luis de Guindos, respondiendo a una interpelación de Izquierda Plural, anunció cambios legales y un código voluntario de buena conducta para, entre otras cuestiones, impulsar la dación en pago de la vivienda como medio para saldar el pago de una hipoteca.

Robo de medidas

No es la primera vez que el Gobierno le roba medidas a la izquierda. La rebaja de sueldo e indemnizaciones a los banqueros de entidades con ayudas y a los directivos de empresas estatales son medidas cuyo anuncio se ha reservado para sí la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para enfatizar su alcance político.

Hoy el Consejo de Ministros prevé aprobar un proyecto de ley y un borrador de real decreto con los que se quiere hacer posible que «en unas semanas» todos los proveedores de ayuntamientos y autonomías cobren sus deudas pendientes.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha organizado tal lluvia de millones (se habla de unos 30.000 millones que se inyectarán de forma inmediata a los agentes económicos) a través de un consorcio con los grandes bancos, que son quienes adelantarán el dinero a cambio de un tipo de interés que, según el Gobierno, será moderado.

¿De dónde saldrá el dinero? «Si los bancos tienen barra libre para obtener dinero del Banco Central Europeo (BCE ) al 1% bien pueden emplearlo a pagar a estos proveedores», opinan en el Ejecutivo. El dinero lo recuperarán a plazos, con la garantía del Estado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), y si autonomías o ayuntamientos fallan en el pago, el Estado detraerá las cantidades de su financiación.

La operación se parece a lo que se conoce como confirming, y que consiste en que una empresa encarga a una banco que gestione el pago de todos sus proveedores. La entidad contacta con cada uno de ellos y les ofrece cobrar de inmediato a cambio de un interés.