El Gobierno calcula que el pago a los proveedores salvará 100.000 empleos
Montoro insiste en que no subirán los impuestos para poder cumplir con el déficit.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, adelantó ayer que el plan de pago a los proveedores aprobado por el Ejecutivo y en el que los bancos adelantarán hasta 35.000 millones de euros, permitirá «salvaguardar» entre 75.000 y 100.000 empleos en Pymes y autónomos.
Esas son las estimaciones del Gobierno sobre el impacto en el mercado del pago directo a los proveedores. Sin embargo, habrá que conocer la cuantía exacta de las facturas impagadas por los ayuntamientos para conocer el impacto real. De momento, el plazo para presentar las cantidades adeudadas por cada consistorio terminó este jueves, y aunque el ministro no desveló la cifra concreta, sí reconoció que sería «importante». «No es admisible que haya facturas en los cajones de las Administraciones Públicas que no se hayan liquidado», aseguró Montoro durante su intervención en el Foro ABC, patrocinado por Deloitte y Ferrovial.
1397124194 Más fácil. El ministro apostó por «simplificar» y «eliminar duplicidades» en la administración pública. «Hay que reducir los niveles de la administración», aseguró, y llegó a calificarla como una «reforma de las Autonomías». Dentro de este esfuerzo, el Gobierno tiene previsto aprobar hoy en el Consejo de Ministros la extinción de 27 empresas públicas, como la Sociedad Pública de Alquiler, la agilización en los procesos de liquidación ya iniciados de 14 sociedades y se desinvertirá en otras ocho empresas.
Estas medidas se enmarcan en los principios de eficacia y estabilidad presupuestaria que rigen la política europea.
Además se mostró convencido de que las distintas Administraciones cumplirán con lo acordado y restó importancia al caso de Gerona, que aprobó declararse insumisa y no pagar a la Agencia Tributaria, por considerarla una «pose política» sin efectos prácticos.
Pero el verdadero tema candente sigue siendo la reducción de déficit. Y más en concreto la fórmula del Gobierno para cumplir con Bruselas y al mismo tiempo no asfixiar más la economía española en un año en el que el propio Ejecutivo ya prevé una caída del PIB del 1,7%.
Sin embargo, el ministro, en línea con la política del Gobierno, no dio ninguna pista sobre cómo se lograrán reducir esos 20.000 millones para cumplir con el objetivo del 5,3% exigido por la UE.
Insistió Montoro en dejar claro que ese ajuste no se realizará a través de una nueva subida del IRPF, el IVA o los impuestos especiales. De hecho recalcó que el aumento de la presión fiscal aprobado en diciembre se debió a «un agujero» en las cuentas públicas que obligó al nuevo Gobierno a actuar «con urgencia». Sin embargo, matizó el carácter provisional de esas medidas: «Es una subida temporal que caduca el 31 de diciembre de 2013». El ministro reiteró la idea de que no se saldrá de la crisis «subiendo los impuestos y recortando el gasto en las capas más débiles de la sociedad».