El Gobierno tiene que reducir el gasto en casi 18.000 millones en un año
Los expertos dudan que haya margen y apuntan a la senda fiscal en los presupuestos.

Luis de Guindos y Soraya Sáenz de Santamaría, en la Moncloa.
La palabra desafío es probablemente el término que mejor define el escenario que afronta Mariano Rajoy con los Presupuestos del Estado para 2012. Y es que no cabe mejor calificativo para el objetivo sin precedentes de reducir el desequilibrio de las cuentas estatales —las autonómicas y locales tendrán que meter su propia ‘tijera— en cerca de 18.000 millones de euros en un solo año. Habrá de hacerlo, además, en un entorno económico hostil, en el que está previsto que la economía caiga un 1,7% en este año. Y desafío también porque esa es la imagen pública con la que quiso jugar el Gobierno ante Bruselas, al convertirse en el primer país que fijaba de forma unilateral un objetivo de déficit distinto al pactado por los socios europeos. Claro que luego fue reconvenido en parte... y no le quedó otra que aceptar.
Los Presupuestos que el Consejo de Ministros aprobará el viernes próximo —al Parlamento llegarán el martes siguiente, en plena Semana Santa— no solo deben hacer creíbles y alcanzables los exigentes objetivos de consolidación fiscal del Reino de España, sino que también deben convencer a los siempre imprevisibles mercados de que constituyen el mejor tratamiento para una economía que vuelve a estar en el centro de las incertidumbres sobre la ‘zona euro’. Y, por último, también son un desafío porque así pueden ser interpretados por la opinión pública si los ajustes planteados terminan afectando al corazón del Estado de bienestar.
Cinco décimas más. Lo que sabemos hasta ahora es que el límite máximo de gasto que fijó el Gobierno para 2012, 118.565 millones de euros —con un recorte de 4.000 millones respecto a 2011—, se ha quedado obsoleto después de que la Comisión Europea haya exigido a España un recorte adicional de cinco décimas respecto al objetivo del 5,8% planteado en un principio, y que será asumido íntegramente por el Estado que, de esta forma, tendrá que recortar su gasto en más de 10.000 millones.
Pero, ¿resulta viable un ajuste de semejante magnitud? La estructura de un presupuesto público no difiere tanto de la de uno familiar. Están los gastos básicos, obligatorios pues hay que afrontarlos con independencia de las circunstancias; los corrientes, a los que por costumbre cuesta renunciar; y los suntuarios, más prescindibles. El problema con el que se puede encontrar el Gobierno, según el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos Jesús Ruiz-Huerta, es que se viene de tres años de recortes y ya no hay gastos de esos últimos que recortar. «Se han hecho grandes esfuerzos en la Administración central, y los ajustes están empezando a afectar al funcionamiento de los servicios públicos, por lo que hay que empezar a marcar ‘líneas rojas’»