La economía sumergida causa descrédito a un país

A mayor profundidad de la crisis, mayores tasas de economía sumergida. Esta máxima ya se ha generalizado entre los gobiernos, los economistas y el común de los ciudadanos en base a las estadísticas, los estudios y la experiencia directa. ¿Quién no ha pagado por un servicio -desde una chapuza doméstica cualquiera a una obra de más envergadura-- una fractura sin IVA? La mayoría de los expertos del suplemento + Valor dan por hecho esta situación al tiempo que consideran lógico que ante el anuncio de una amnistía, cabe preguntarse cómo se puede luchar más eficazmente contra el fraude fiscal.

En su cita mensual con los lectores de EL PERIODICO, los expertos expresan planteamientos diferentes sobre la economía sumergida pero en general comparten una ideas básicas: la economía sumergida desincentiva la economía de un país, distorsiona el mercado de trabajo, es profundamente insolidaria con los ciudadanos que sí pagan sus impuestos y desacredita a las autoridades políticas y al país en general.

Se entiende por economía sumergida toda actividad que elude el control tributario. El abanico abarca desde la facturación sin IVA hasta cobrar el seguro de desempleo y trabajar a la vez, los falsos autónomos o los falsos jubilados. Los expertos apuntan también que una lucha eficaz contra estas prácticas debería incluir la desaparición de los paraísos fiscales y de cualquier actividad centrada en evitar el pago de impuestos y contribuciones sociales.

TRISTE PODIO / Todos los estudios citados en el panel sitúan a España como el tercer país de la Unión Europea (UE) en tasa de economía sumergida. Le superan Grecia e Italia y empata con Portugal. Esta actividad irregular, cuya principal consecuencia para la economía es la disminución de ingresos en las arcas públicas, representa en España entre el 19,8% y el 23,3% del PIB, según los estudios mencionados. Si mediante una mayor persecución del fraude se rebajaran en torno a los 10 puntos este porcentaje, el Estado podría ingresar cerca de 40.000 millones de euros, una cantidad cercana a los recortes presupuestarios previstos.

Con una tasa de paro de más del 23% en España, algunos expertos se interrogan por qué no hay un estallido social. Bien al contrario, no hay datos que indiquen que la conflictividad vaya a hacerse presente. El mantenimiento de la cohesión social confirmaría los altos porcentajes oficiosos de económica irregular.

Los expertos críticos con la amnistía fiscal anunciada por el Gobierno la ven como un fracaso de la sociedad, que se muestra tolerante con las prácticas ilegales. Y de los poderes políticos, por no utilizan los mecanismos a su alcance como la inspección. «El defraudador se siente más impune que nunca y el contribuyente, fustigado y perseguido», razona el profesor Pere Enciso, que se interroga por qué el PP impone ahora un mecanismo que rechazó cuando gobernaba el PSOE.

Los analistas recomiendan mirar a los países más desarrollados de la UE y demostrar al ciudadano -con acciones de Gobierno— que los impuestos y las prestaciones sociales están dirigidas a premiar el trabajo y el esfuerzo, y no a la economía improductiva y la especulación.