Diario de León

La libertad de horarios enfrenta a pequeños y grandes comerciantes

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c. cálvar | madrid
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La liberalización de horarios comerciales que el Gobierno propugna para reactivar el consumo y generar empleo tiene enfrentado al sector del comercio minorista, que se debate entre la tradicional rigidez, rechazada por las grandes superficies, y un modelo próximo al libre albedrío que asusta al pequeño comercio. Ambos patrones se han ensayado en distintas comunidades con resultados dispares. La polémica sobre el modelo está servida en un sector en constante mutación.

En realidad la libertad total de apertura ya existe para el pequeño comercio. La ley 1/2004 de horarios permite «plena libertad para determinar los días y horas» de apertura al público a los establecimientos de menos de 300 metros cuadrados, excluidos los pertenecientes a cadenas o grupos de distribución. Son, por tanto, las grandes superficies las sujetas a restricciones. La ley fija para ellas un mínimo de 72 horas semanales y ocho domingos y festivos de apertura al año. Algunas comunidades prefirieron abrir la mano e ir más allá. Madrid, Navarra, la Rioja, Canarias y la Comunidad Valenciana han permitido abrir hasta 90 horas semanales. Lo llamativo es que, según explica la profesora de la Universidad Autónoma María Jesús Yagüe en un estudio publicado por el Colegio de Economistas de Madrid, la comparación de los índices de ventas catalán y madrileño arroja en el 2011 «una caída real del negocio de similar cuantía, y en ambos casos superior a la media española».

Empleo e inversión

La libertad total de horarios es una vieja reivindicación de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución que agrupa a 17 grandes compañías, entre ellas El Corte Inglés o Carrefour. Esta agrupación mantiene que la liberalización beneficiará al consumidor y permitirá a comerciantes y empresas abrir en función de las preferencias de sus clientes y desarrollar todo su potencial inversor y creador de empleo.

Por el contrario, la Confederación Española del Comercio, que representa a unos 450.000 pequeños y medianos comerciantes, cree que la medida «no crea empleo, lo destruye y lo precariza», además de «dificultar el emprendimiento y la conciliación de la vida personal y laboral». El Ejecutivo quiere que las autonomías conserven algo del margen regulatorio en este tema.

Comercio destaca que el número de hogares ha crecido un 50% y casi un tercio están formados por parejas sin hijos, adultos independientes y hogares monoparentales en los que todos trabajan «y requieren un horario comercial distinto del laboral y, sobre todo, en fines de semana».

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