El Gobierno en su laberinto
Rajoy se salta su programa y aprueba medidas que negó antes de llegar al poder; su estrategia: «Haré cualquier cosa, aunque haya dicho que no lo voy a hacer» .
El ministro De Guindos durante su intervención en Faes junto al ex presidente Aznar.
Incumplir un programa electoral no es delito. Eso dictaminaron en 2009 y 2011 un juzgado Mercantil y la Audiencia Provincial de Madrid, en sendas resoluciones que establecen que la propuesta que un partido somete a las urnas no es un contrato de obligado cumplimiento. Otra cosa es el desgaste político. En su medio año en La Moncloa, Mariano Rajoy ha tomado medidas que dijo que no aplicarían y ha querido disfrazar de triunfos otras como el rescate a la banca. Su política ha confundido a muchos votantes del PP, ha proyectado una imagen de un Ejecutivo instalado en la contradicción y ha deteriorado su credibilidad exterior: en esta etapa el interés del bono a diez años ha escalado en torno al 9% y el Ibex35 ha perdido casi un 20%. Los contados éxitos, como el último Consejo Europeo, no han disipado totalmente esa imagen.
El presidente del Gobierno concurrió a las elecciones con la promesa de no subir impuestos ni recortar servicios esenciales ni abaratar el despido. Los hechos contradicen esas buenas intenciones. En este medio año las subidas de tributos aplicadas, la reforma laboral y los recortes en sanidad y educación han sido un duro golpe para quienes creyeron su oferta de sacar al país de la crisis solo con políticas de gasto eficientes.
El 17 de noviembre de 2011, a tres días de ganar los comicios, Rajoy dijo en una entrevista que «en principio no voy a tocar ningún impuesto si gano las elecciones, salvo los impuestos a emprendedores, que esos hay que bajarlos porque la gran prioridad nacional es la creación de empleo». Pero tras el triunfo se impuso la cruda realidad. El déficit de 2011 se disparó al 8,9% del PIB, frente al 6% pactado con Bruselas y quedó claro que para gobernar habría que aplicar dolorosos ‘tijeretazos’ y apretar las tuercas a los contribuyentes.
El Gobierno asumió la estrategia de culpar de sus decisiones al legado del anterior Ejecutivo socialista. Así justificó el ajuste de 15.000 millones aprobado en su primer Consejo de Ministros el 30 de diciembre de 2011. Febrero traería su reforma laboral y la posterior huelga general.
Pero la verdadera confusión comenzó con el misterio en torno al déficit de 2011. Al fin, el Gobierno publicó el dato: 8,51% del PIB. Ese desfase se ampliaría luego al 8,9% al aflorar déficit oculto. La cifra obligaba a un monumental ajuste de 44.000 millones para reconducir los números rojos.
Tras dos meses insistiendo en lo contrario, Rajoy desistió a finales de febrero de cumplir esa meta. El presidente viajó a Bruselas el 2 de marzo para anunciar unilateralmente en el Consejo Europeo que elevaba al 5,8% el nuevo objetivo de déficit. Empezó un tira y afloja con el Eurogrupo, que diez días después impuso una meta más dura, el 5,3%. También perjudicó a la credibilidad de España la decisión de retrasar al 30 de marzo la presentación de los Presupuestos de 2012.
En seis meses los españoles se han acostumbrado a los mensajes contradictorios e incluso a que el Gobierno diga una cosa y ocurra la contraria.
Entre tanta sombra brilla el éxito que España e Italia se apuntaron en el último Consejo Europeo. Rajoy conserva el rumbo azotado por los mercados y vigilado por unos socios que no se fían y marcan la pauta de sus políticas. Toda su estrategia podría resumirse en una famosa frase suya que dejó a muchos ciudadanos perplejos: «Haré cualquier cosa, aunque no me guste y aunque haya dicho que no lo voy a hacer».