La vicepresidenta llama al orden a los ministros de Industria y Hacienda
Sáenz de Santamaría recuerda que los proyectos los aprueba el Consejo de Ministros.
La vicepresidenta del Gobierno, ayer en las instalaciones del Boletín Oficial del Estado.
Los ministros de Industria y Hacienda, enfrentados por la reforma energética, se verán las caras este jueves en la comisión delegada de Asuntos Económicos. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ya les ha hecho llegar el mensaje de que los trapos sucios se lavan en casa, tras recordarles que, pese al reparto de competencias, los proyectos los aprueba de forma colegiada el Consejo de Ministros. Cuando José Manuel Soria y Cristóbal Montoro airearon sus discrepancias a través de los medios de comunicación, la ‘número dos’ del Ejecutivo habló por teléfono con ambos e incluso pidió al titular de Hacienda que realizara unas matizaciones.
Sáenz de Santamaría consideró «lógico» que exista un debate interno en un asunto tan complejo. No son fáciles de resolver los problemas de una regulación eléctrica que acumula 24.000 millones de euros de déficit, a los que se van sumando del orden de 6.000 millones anuales, porque reconoce a las empresas de generación unos costes que no siempre les corresponden, pero que luego no se pueden ver reflejados en la factura. «Para acabar con el déficit haría falta subir la tarifa de la luz entre el 40% y el 60% y eso no lo va a hacer el Gobierno, dijo la vicepresidenta en conversación informal con los periodistas.
El roce
Soria y Montoro se enfrentan por cuestiones muy concretas. El titular de Hacienda defiende que corresponde a su departamento el diseño de los impuestos, y que su recaudación ha de ser básicamente finalista. Es decir, que los ingresos tributarios se destinan a la caja común de los gastos. El responsable de Industria aireó un proyecto de reforma energética que incluye un gravamen sobre el gas natural, y anunció que la recaudación irá directamente a enjugar el déficit... eléctrico, y no el déficit público.
Más técnica es la otra gran diferencia de criterio de los ministros. Industria parece haberse decantado por aplicar a las empresas de generación un impuesto en función de su facturación y no de su producción.