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m. j. alegre | madrid
León

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Arrecia la tormenta eléctrica, a la espera de que el proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética llegue la próxima semana al Senado. La enmienda que plantea la subida del impuesto a las compañías desde el 6% al 7%, y la limitación de la propuesta para la aplicación del ‘céntimo verde’ al consumo de gas, de la que solo se beneficiarán determinados consumidores industriales, pero no los cogeneradores, ni la producción eléctrica, han exacerbado la oposición de las empresas.

Por otra parte, la compensación planteada para las compañías tradicionales, que consiste en sacar al mercado a los consumidores con más de 5 Kw de potencia contratada, va a complicar la vida a los usuarios. Aún no está decidida la fecha de aplicación, pero todo apunta a que siete millones de clientes se verán expulsados de la Tarifa de Último Recurso (TUR) y solo dispondrán de un plazo que algunas fuentes cifran en seis meses para decidir la empresa con la que contratar el servicio.

¿Ventajas?

Nadie ha constatado, por ahora, que ese traspaso genere importantes ventajas. La Comisión Nacional de la Energía llegó a calcular que el ahorro podría suponer, para un cliente convencional, unos 24 euros al año en el mejor de los casos, y siempre que pudiera combinar ofertas de los suministradores de gas y electricidad.

Facua-Consumidores en Acción ha lamentado que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo esté estudiando rebajar la cobertura de la tarifa desde los 10 kW actuales. El portavoz de Facua también advirtió de que hay comercializadoras que están «engañando a los consumidores» haciendo campañas puerta a puerta en la que les ofrecen precios menores en el mercado libre, que se traducen, en realidad, en facturas superiores a medio plazo.

Por añadidura, salir del régimen de la tarifa eléctrica no implica evadirse de la deuda acumulada. La herencia del déficit tarifario —más de 24.000 millones de euros— se paga a través de los peajes, una ‘factura’ que afecta a todos los consumidores, incluidos los del libre mercado.

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Ninguno de los subsectores de la generación eléctrica se ha mostrado acorde con la nueva fiscalidad eléctrica, promovida por el Ministerio de Industria. A las protestas del segmento convencional se han sumado las de la Asociación Empresarial Eólica, de la Unión Española Fotovoltaica y de Protermosolar.